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El alcalde de La Paz, Juan del Granado, censuró esta semana, duramente, el comportamiento de la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), por considerar que no está en condiciones de responder, técnica y económicamente, a la provisión normal de agua a una urbe de las dimensiones que tiene la sede de gobierno.

En el mismo sentido se han pronunciado los vecinos de El Alto, esos mismos que demandaron la salida intempestiva de Aguas del Illimani, sin tomar en cuenta el criterio de los paceños. Porque estos últimos no tuvieron más opción que contemplar cómo se deshacía un contrato, pues inclusive su Alcalde llegó a respaldar esta medida.

En enero del 2007 se creó EPSAS, igualmente por presiones de algunos sectores político-sociales de El Alto. Con el antecedente de Samapa, constituida con fondos fiscales y municipales, que tuvo que disolverse por sus insuficiencias, hubo voces que alertaron contra un retorno a ese viejo modelo.

No ha pasado mucho tiempo y ya la empresa “hace aguas”. La falta de líquido no sólo ha perjudicado a las familias, habiéndose llegado al extremo de postergar por una semana el inicio de labores escolares, sino que ha dado un golpe a varias empresas.

Entre Villa Fátima y Miraflores, algunas de las zonas aquejadas por el corte, hay 25 empresas cuyo consumo de agua va de 10.000 litros diarios al millón de litros. Perder de pronto ese elemento indispensable para su labor productiva, ha obligado a reducirla incluso en el 50 por ciento. Así lo han informado el presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz y gerentes de las fábricas.

Antes de que EPSAS opere en La Paz y en El Alto, se estableció que su trabajo iba a durar sólo seis meses. Enseguida, se formó una comisión interinstitucional para que defina el modelo de gestión de la empresa a crearse y la captación del financiamiento necesario. La comisión fue creada en enero del 2007. Hasta el presente no tiene avance alguno. El secretario ejecutivo de la Alcaldía de La Paz, Javier Zárate, informó que el financiamiento que requerirá la nueva empresa de agua sería de unos 100 millones de dólares.

Éstos y otros datos referidos a la obra permiten deducir que La Paz y El Alto confrontarán situaciones muy críticas por la falta de agua, en el corto plazo. Mientras los temores crecen —los empresarios, por ejemplo, exigen que la empresa se entregue en concesión—, los funcionarios del Gobierno central persisten en desechar la idea de que la próxima empresa sea privada o mixta, debido a que el proyecto de Constitución del MAS establece que tiene que ser estatal.

Y en El Alto, qué ironía, se habla de crear una empresa propia.