Se trata de un típico caso de cortar por lo sano. La primera repercusión será que los diplomáticos bolivianos y argentinos que estén en el exterior deberán recibir un salario mayor para poder comprar los bienes que necesitan para hacer una buena representación.
El Gobierno acaba de firmar un acuerdo con Argentina para eliminar, en ambos países, el esquema de franquicias que se usa para beneficio de los diplomáticos. La decisión de los dos países fue tomada al calor de las noticias difundidas en Argentina sobre irregularidades que habrían cometido diplomáticos destinados a Buenos Aires usando las franquicias.
Lo más llamativo de la denuncia es que el mal uso de las franquicias había dado lugar al nacimiento de un negocio de importación irregular de vehículos muy caros, que luego, de inmediato, eran revendidos a personas que no eran diplomáticos, sino importantes figuras de la sociedad porteña.
La lista de los diplomáticos comprometidos con esta práctica ilegal es muy grande, pero comprende a varios bolivianos, incluso en funciones en este momento, pero sobre todo ex embajadores.
Las leyes que regulan el sistema de franquicias son claras. Dicen que los diplomáticos extranjeros en funciones en un país tienen derecho a comprar bienes importados con liberación del pago de aranceles de importación.
La existencia de esas franquicias ha dado lugar a que en todo el mundo existan empresas que se ocupan de ofrecer a los diplomáticos sus catálogos de las cosas que pueden comprar, desde automóviles hasta vajilla para la cocina, pasando por todo lo que está comprendido entre esos dos extremos.
Si van a importar un automóvil, por ejemplo, y lo van a hacer sin el pago de aranceles, se comprometen a usarlo durante toda su misión, o por lo menos durante tres o cinco años, dependiendo de los acuerdos. Pasado ese tiempo, el diplomático puede vender el automóvil en el mercado local. Se supone que cuando lo hace, el comprador paga los aranceles devengados para poder legalizar la compra. Los plazos son fijados según la duración regular de la misión de los diplomáticos en cada país, que es de aproximadamente cuatro años. Para un caso normal, un diplomático que debe partir del país donde se estaba desempeñando, puede optar por llevarse el vehículo consigo o venderlo.
Los acuerdos que dan lugar a ese esquema parten del supuesto de que los funcionarios beneficiados no se van a dedicar a revendedores de esos productos, pues estarían afectando a la economía del país en que se encuentran. Pero ahora se ha visto, en Buenos Aires, que algunos diplomáticos no tienen escrúpulos y vendieron los vehículos sin haberlos usado. Es decir que se estaba ante el caso de una evasión del pago de aranceles por parte de los terceros que eran los verdaderos compradores.
En Argentina existe la sospecha de que todo este negocio estaba en manos de funcionarios de la Cancillería de ese país y de empresas importadoras que hacían figurar los nombres de algunos diplomáticos sólo para evitar el pago de los aranceles, pero sin el conocimiento de esos diplomáticos.
Lo cierto es que toda esta maraña que se presenta en el mundo diplomático tiene ahora una excepción: las franquicias han sido eliminadas en Bolivia y Argentina para todos los diplomáticos. Se trata de un típico caso de cortar por lo sano. La primera repercusión será que los diplomáticos bolivianos y argentinos que estén en el exterior deberán recibir un salario mayor para poder comprar los bienes que necesitan para una buena representación. Todas las decisiones tienen un costo.