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Una de las primeras exigencias que tiene un gobierno es crear o sustentar, de la manera más amplia que pueda, un sector productivo que garantice la seguridad alimenticia de su población, tanto en tiempos normales como en situaciones de crisis provocadas por los fenómenos naturales: lluvias, granizadas, sequías y otros.

Cuando una población dispone de los medios suficientes para satisfacer sus necesidades más elementales como son los alimentos, explícitamente quiere decir que ha superado la pobreza, ya que es el indicador que exterioriza de manera clara y elocuente las diversas manifestaciones del atraso y el hambre.

La decisión del Gobierno, de asignar inicialmente un fondo de 600 millones de dólares para apoyar financieramente al sector productivo, mediante el Decreto 29453, es uno de los mayores retos que asume. El solo hecho de administrar semejante cantidad de dinero es una responsabilidad mayor, porque se trata de un crédito del Banco Central, con el que se tiene que prestar un servicio de múltiples facetas, aparte de que deberá ser devuelto en un tiempo determinado.

A este fondo se agregarán recursos del Tesoro General de la Nación, créditos externos, donaciones de la cooperación internacional y fideicomisos que maneja el sector público. El decreto gubernamental citado administrará el Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo. El fondo tendrá una persona jurídica de carácter público. Su directorio estará constituido por ministros de Estado.

Según una explicación oficial, todos los sectores productivos (micro, pequeños, medianos y grandes) tendrán acceso a los créditos, los cuales serán canalizados por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP). La tasa de interés será del seis por ciento anual, pero sólo en el caso de los micro y pequeños productores.

Otro decreto, signado con el número 294563, sentó las bases de una política de mediano plazo orientada hacia el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Un tercer decreto, el 29452, establece una pausa en la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES), en predios afectados por inundaciones provocadas por los fenómenos naturales de El Niño y La Niña.

Acerca de los 600 millones de dólares, el Ejecutivo espera generar en la economía nacional el dinamismo y la producción necesaria para garantizar la seguridad alimenticia. Sin embargo, uno de los aspectos a considerar será el de la probabilidad de que se hubieran sobredimensionado los requerimientos. Un fondo mínimo de 600 millones de dólares es impresionante y si a ellos se añaden otros recursos más, podrían llegar a los 1.000 millones, lo que sería toda una fantasía para el caso de Bolivia.

Claro que a tiempo de producir todos los alimentos que se requieren en el país, es preciso también disponer de un margen, suficientemente amplio, para destinarlos a la exportación. Ésta puede ser la oportunidad propicia para incrementar las ventas al exterior de alimentos que antes satisfagan los requerimientos internos. No hay que perder de vista que las exportaciones no tradicionales están constituidas por productos que tienen buena demanda internacional, como son los casos de la soya y del café, por ejemplo.