Tensión política
María Teresa Zegada*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

En Bolivia vivimos una época en que las fronteras entre lo social y lo político están totalmente difusas. Los escenarios democráticos señalados para el debate y las decisiones políticas como el Parlamento, o en los últimos meses, la Asamblea Constituyente, han estado permanentemente sujetos a la injerencia y presión de los diversos actores de la sociedad civil. El denominado gobierno de los movimientos sociales estableció una nueva relación entre el Estado y la sociedad, mediante la cual las organizaciones que conforman el partido gobernante y afines a la línea oficialista se desplazan de manera permanente dentro y fuera del escenario político, y de un tiempo a esta parte, se han convertido en ´vigilantes´ del proceso de cambios mediante movilizaciones y medidas de presión, como sucede ahora con la defensa de la propuesta constitucional.

Pero esto no sólo sucede en la esfera gubernamental, la debilidad de los partidos de oposición en los espacios institucionales —en los que se encuentran en franca minoría— ha provocado el agrupamiento de actores sociales cívicos y regionales, empresariales y otros, sobre todo en el oriente, en torno a objetivos estratégicos, generando una base de resistencia al Gobierno a través de movilizaciones y pronunciamientos que ahora se han centrado básicamente en el discurso y defensa de las autonomías departamentales.

Lo cierto es que, esta sociedad diversa y heterogénea, que además mantiene distancias ideológicas e intereses particulares respecto de la política, en determinadas circunstancias tiende a agruparse y ponerse detrás de objetivos estratégicos. Me explico. Los denominados movimientos sociales son una sumatoria de organizaciones con distintas características y objetivos, pero ante la posibilidad de un proceso de transformaciones del país y refundar el Estado han cerrado filas detrás de la propuesta constitucional del Gobierno y ante la ´arremetida de la oligarquía´, dejando coyunturalmente de lado sus diferencias y particularismos, lo mismo sucede en el otro polo, en que diferentes sectores sociales se aglutinan para hacer frente al Gobierno y a la Constitución del MAS.

Este participacionismo social en la política resulta ser un arma de doble filo porque al mismo tiempo que permite a la sociedad y sus organizaciones participar de manera directa en la esfera decisional, transgrede mínimas reglas de juego de la política institucional destinadas a regular las posibles arbitrariedades de los juegos de poder y puede, como ha sucedido en el pasado, desbordar la capacidad de control de los propios actores que promueven su participación, y derivar en imprevistos actos de violencia, como ya está sucediendo en el país.

Nos encontramos en el filo de la navaja entre buscar soluciones consensuadas o arremeter contra ´el otro´ pese a quien pese, ya sea por la vía de la confrontación social abierta o forzar referendos —autonómicos, revocatorios o constituyentes— que, desde mi punto de vista, no van a resolver los problemas críticos, sino simplemente van a revelar un país dividido y otorgar nuevos argumentos, por un lado para legitimar (con el aval del voto) una jugada de poder, y por otro, para movilizarse y declarar el desacato a sus resultados. En ese escenario, cualquier consulta ciudadana se convierte en un instrumento más, utilizado en esta disputa política.

*María Teresa Zegada
es socióloga.