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Basta con la sospecha de que alguna persona haya cometido un posible delito —robo, violación, homicidio— para que los vecinos atrapen al presunto delincuente y hagan justicia por propia mano. Y lo grave de la situación es que estos crímenes se están repitiendo cada vez con mayor frecuencia, al extremo de que la ciudadanía, a través de la televisión, es testigo visual de los hechos de sangre más atroces que se pueden creer.

Estamos mostrando la cara fea de un país que en general es pacífico, y esto sólo es atribuible a la falta de confianza que existe sobre la aplicación de la justicia en Bolivia, donde los delincuentes no son castigados dentro de la legalidad, y, mucho peor, algunos son liberados sin proceso alguno.

Lo alarmante de la situación es que una intriga, una calumnia, una enemistad, un rencor político pueden provocar el sacrificio hasta la muerte de una persona, previa tortura, además. Y cuando la autoridad —si acude— quiere indagar sobre los asesinatos, la respuesta es el silencio. Nadie es culpable o todos lo son. ¿Cómo se puede aplicar la justicia en tales condiciones?

La tortura y asesinato de tres policías en Cochabamba, el martes pasado, es una muestra siniestra de lo que está ocurriendo en el país. Que los tres servidores del orden público hayan sido torturados durante 10 horas por parte de los comunarios de Epizana, que las víctimas hayan pedido clemencia por sus vidas, y que, finalmente, hayan terminado masacrados, es algo inconcebible. Según los informes llegados desde Cochabamba, las víctimas fueron maniatadas, golpeadas con piedras y palos, quemados con agua hervida, y pateados sus rostros hasta quedar desfigurados. Dos de ellos fueron ahorcados y el tercero murió como producto de las múltiples lesiones recibidas.

Pero, además, la violencia de estos iracundos se está extendiendo peligrosamente contra los medios informativos, porque éstos dan a conocer los crímenes. El martes se salvaron milagrosamente un reportero y un camarógrafo de la red Bolivisión, quienes, habiendo sido advertidos de las torturas que ocurrían, acudieron a Epizana y allí fueron objeto de brutales golpizas y vejámenes, aunque lograron salvar sus vidas. Empero, observaron el estado de embriaguez de los criminales y captaron imágenes del linchamiento.

La Policía ha manifestado su dolor por lo acontecido, aunque en estas circunstancias debería ser el Presidente de la República quien censure públicamente esa malentendida "justicia comunitaria". E inclusive más: debería hablar del asunto una y otra vez. Otros temas son recurrentes en sus discursos, por qué no éste que amenaza la seguridad de cualquier ciudadano y que requiere de un freno urgente. Mucho más cuando en el proyecto de Constitución se reconoce la justicia comunitaria, con el riesgo de que mal comprendida puede estar trazando territorios y conciencias sin ley.