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El procedimiento de coacción ha sido similar al utilizado para lograr la aprobación del texto constitucional, el 9 de diciembre pasado, pero esta vez el golpe se antoja más demoledor porque afectó al primer poder del Estado.

En Sucre y Oruro fue imposible el quórum. Un cerco montado en el exterior para impedir la entrada de los asambleístas opositores y cierta apatía de éstos para defender sus tesis en la Ley de leyes que es la Constitución, nos impidió a los bolivianos gozar del primer referente de concordia. El proceso de cambio viene viciado desde entonces por una dramática paradoja nacional: el foro constituyente nacido para el entendimiento de la Bolivia plural acabó en enfrentamiento y fracaso.

Los sucesos del jueves abren una nueva herida, quizá aún más sangrante, pues el secuestro del Congreso supone el secuestro del primer poder del Estado. Esta vez el Congreso fue tratado con los peores métodos sindicales, tomado por la fuerza, atropellado sin miramientos y sometido en la práctica al matonaje. En este peligroso y delirante proceso del pulso por el pulso al que nos hemos visto abocados, La Razón alza la voz del pueblo, de los demócratas, y exige a los políticos, precisamente designados por el pueblo para que los represente, salir de la pesadilla. El Congreso es sagrado, representa la realidad plural de Bolivia, y con actitudes como la del jueves perdemos todos los bolivianos, sin excepción.

En medio de llamadas al diálogo, propuestas de complementación y compatibilización, cercar el Congreso por fuera y atropellarlo por dentro con el Reglamento de Debates, las leyes y la Constitución es, cuando menos, un comportamiento inescrupuloso que resquebraja la esperanza de los bolivianos. Y mandar a la Policía que se repliegue para impedir su deber constitucional de dar protección a los parlamentarios, es indecente.

Si ésta es la muestra de democracia que se desea instalar en la nueva Bolivia, habrá que advertir al pueblo que no se haga muchas ilusiones. La idea de que en política todo vale, incluso el chantaje, la coacción, el amedrentamiento y la agresión, no había sido expuesta con más crudeza y con procedimientos más innobles como el pasado jueves.

Es triste y lamentable, pero ni siquiera en otros momentos críticos de la democracia boliviana, como los episodios que concluyeron con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y más tarde la de Carlos Mesa, nos habíamos apartado del cauce institucional. En esos momentos, las dirigencias políticas tuvieron la lucidez de elegir la vía institucional y democrática para encontrar la salida. Fueron los mismos actores que están instalados hoy en el Gobierno y la oposición. Hoy, no, y Bolivia pierde día a día por ese cambio de actitud.

No hay voz que sea escuchada por las partes. Los llamados al diálogo y al entendimiento terminan como inútiles gritos en el desierto. En el país se ha instalado la peligrosa cultura política del ‘todo vale’. Vale la ilegalidad porque otros la trasvasaron primero, también la agresión y hasta los muertos. El ejercicio del poder exige mano de hierro en guante de seda: firmeza, generosidad e inteligencia para comprender que en realidad nada vale en un país donde la ley es papel mojado. Sin ley, el Gobierno es el primer afectado; y si al Gobierno le interesa la legalidad como supervivencia propia y del país, tiene la obligación de ser el primero en cumplirla.