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E l Tribunal Constitucional estaba descabezado desde hace tiempo, es decir que no podía verificar la constitucionalidad de las leyes, porque tenía sólo dos de los cinco magistrados que se necesitan para esta delicada tarea, la de mayor responsabilidad dentro de la judicatura nacional. Ahora resulta que se ha producido la renuncia, no del todo clara, del magistrado Artemio Arias Romano, con lo que ese alto Tribunal ha quedado reducido a la presencia de la magistrada Silvia Salame, únicamente.

El Tribunal Constitucional estaba sin quórum para ejecutar su tarea fundamental de realizar ´un control previo o preventivo, antes de la aprobación de disposiciones legales en general y un control posterior o correctivo´, después de la sanción y promulgación de las normas. Pero, por lo menos, funcionaba la Comisión de Admisión, que decide sobre la aceptación o rechazo de los recursos presentados. Para esto se necesitan tres magistrados normalmente; no obstante, con dos de los magistrados titulares todavía se podía admitir recursos. Hoy, con la renuncia de Arias Romano, el Tribunal Constitucional ha quedado desbaratado, sin utilidad alguna.

En la Bolivia de los últimos años, no sólo la política se ha enredado en situaciones caóticas increíbles, que han derribado gobernantes o burlado la sucesión legal, apelando de manera inaudita a la Constitución, sino que se le han dado golpes mortales al Poder Judicial afectando o invalidando a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Constitucional. Es decir que Bolivia se ha convertido en un país sin ley, donde la norma jurídica ha sido burlada por quienes se supone que son los más interesados en que prevalezca: el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí, justamente, han estado los enemigos más grandes de las leyes.

En el caso del Tribunal Constitucional se necesita la presencia de cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Deben ser designados por dos tercios del Congreso por un período de 10 años. Ésta es una norma que rige para casi todas las designaciones constitucionales. Ahora bien, la oposición clama y denuncia porque el Congreso no se reúne para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, manifestando que sin esa instancia, la legalidad está vulnerada en Bolivia. No obstante, no existe una respuesta clara de la mayoría parlamentaria o simplemente es evidente su desinterés por el tema.

Por lo tanto, desaparece el instrumento para salvar las dudas sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos o resoluciones, con lo que desvanece la claridad que precisa a cada momento cualquiera de los presidentes de los tres poderes del Estado. Ni es posible hacer las consultas sobre la constitucionalidad de tratados o convenios internacionales, ni observar los recursos de inconstitucionalidad, tributos, infracciones de procedimientos, control del ejercicio del poder político, impugnaciones de resoluciones camarales, prefecturales y municipales y recursos de toda índole, como el hábeas corpus, amparo constitucional, hábeas data y, en fin, una serie de asuntos jurídicos que atañen a los derechos humanos.

Los motivos de salud en la renuncia del magistrado Arias Romano han sido puestos en duda; se cree que esa dimisión se debe a presiones para que el Tribunal pierda atribuciones.