Constitución e integración
Juan Carlos Dueñas Muñoz*

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Nuestra Constitución Política actual no contempla un ámbito estructural que delimite cuál sería la política integracionista del Estado a nivel regional o mundial, menos establece principios de derecho comunitario o la primacía de las normas constitucionales frente a dichos principios.

Esta deficiencia parece subsanarse con el proyecto de Constitución aprobada en diciembre que en su capítulo tercero establece: “Art. 266. I. El estado promoverá sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados nacionales y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana”.

Si bien se expresa una política integracionista, al igual que varias constituciones de la región que como Colombia (Art. 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones) o Venezuela (Art 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región…), promueve una unión en base de postulados del comunitarismo supranacional, inspirados a su vez en la integración europea. Ésta cuenta con un derecho comunitario fuerte estable y vigente; lamentablemente no podemos decir lo mismo de los procesos integradores intentados en nuestra región, de los que Bolivia pese participa y es miembro pleno de varios de ellos (socio pleno de la CAN) o tiene acuerdos de complementación con otros (Mercosur, etc). Y ello, pese a que la Constitución actual no contempla tal posibilidad.

La CAN, a la que pertenecemos como socios plenos, ha tratado de establecer una institucionalidad andina que si bien está funcionando, por la firma del TLC con EEUU de dos de los socios (Perú y Colombia, por ratificar) y la separación de Venezuela, se ha debilitado y ha puesto en el debate el tipo de integración que quieren los andinos: intergubernamental de comercio abierto o comunitarista- supranacional.

En otras palabras, no basta con establecer desde la Constitución que tenemos toda la voluntad de ser parte de un proceso integrador si en esos procesos no se hacen esfuerzos por preservar la unión y estabilidad de sus miembros y luchar conjuntamente desde una visión regional por el desarrollo andino.

EEUU, como potencia, también contribuye a que se retrase la integración andina, ya que establece bases militares (Manta en Ecuador), aprueba (certificar) la lucha antidrogas o de buena conducta de los “alumnos”-gobiernos andinos y, con la Ley de preferencias arancelarias o al financiar la lucha contra las FARC en Colombia, recuerda su papel de centro vigilante que mantiene perfectamente individualizados y constantemente visibles a cada uno de los países de la región andina.

Queda para la reflexión y el análisis si seremos capaces de llevar adelante un proceso integracionista estable e independiente que, más allá de ser constitucionalizado, nos ayude efectivamente a progresar como países unidos en un único modelo de desarrollo.

*Juan Carlos Dueñas Muñoz
es abogado constitucionalista.