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La imposición en La Paz de unos referendos para la nueva Constitución que arrastran variados vicios desde Sucre y Oruro; pero también la imposición en las regiones autonómicas de unos referendos por unos estatutos que no pueden ponerse a derecho y cargan, por tanto, con sus propios vicios, nos muestran que la ley, si no ha muerto ya, es una moribunda por la que nadie guarda respeto.

El jueves reciente, otros dos episodios, esta vez en La Paz y Sucre, constataron una vez más una nueva pulseta de las dos miradas de país que se observan desafiantes: en La Paz la agresión intolerante de grupos afines al MAS y al Gobierno contra ciudadanos críticos de Evo Morales, y en Sucre la designación por cabildo de una prefecta interina al margen de la ley.

Si esas son las expresiones premonitorias de un nuevo ciclo de tensión que no ha hecho más que empezar, imaginemos cuál podría ser el desenlace.

¿Puede alguien mediar entre dos soberbios contendientes trenzados a golpes que no tienen ninguna intención de dialogar? Ese recurso, tan útil en circunstancias políticas críticas del pasado reciente, parece no tener más sentido en la actualidad.

Ni la Iglesia Católica ni una institución o actor internacional estarían en condiciones de propiciar una salida, porque la intervención de alguno de ellos sería interpretada como una admisión de derrota política en un caso y visto como innecesario en el otro.

La única posibilidad de solución tendría que ser el retorno al Estado de Derecho, para lo cual hace falta un Tribunal Constitucional, que haga de árbitro independiente y por ello creíble, pero hoy no existe ese Tribunal y nadie —ni Gobierno ni oposición ni regiones— quiere conformarlo.

El país necesita, pues, una voz, quizá la última que queda: la voz de la conciencia de los actores de la vida política de este tiempo, tanto en La Paz como en las regiones autonómicas.

Lo único que prospera exitosamente por estos días es la radicalidad, y por esa vía nos encaminamos todos al abismo insondable. La única vía por la que hoy se está apostando en el país es la vía de la fuerza y la violencia. Si un denominador común tienen las aprobaciones de leyes bajo cercos oficialistas, las provocaciones intolerantes de las plazas Murillo y Abaroa, los cabildos que eligen una prefecta ilegalmente, los cabildos autonomistas y asambleas de la cruceñidad, es la fuerza y la violencia.

Harían bien los responsables de esta desenfrenada carrera de ilegalidad y soberbia política en pensar por un momento en el día después de tanta irracionalidad. ¿Soñarán acaso con que ese día después sea el inicio de un nuevo sistema en el que se instale definitivamente el lenguaje de la fuerza y la violencia en el país? Es posible. Pero el ciudadano al que todos dicen representar, con seguridad que no quiere esa pesadilla, ni el proceso de descomposición actual del país. Lo triste es que los tiempos se acortan. Esta vez para todos.