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Concepciones diferentes. Ambos responden a visiones opuestas. Uno privilegia el comunitarismo y el otro el individualismo.

Las observaciones al texto. Un diputado señala que la Constitución del MAS es fascista y los estatutos, revolucionarios.

Un estudio de comparación. Los estatutos de Beni, Pando y Tarija se ubican entre los extremos de la CPE y Santa Cruz.

Con la búsqueda de legalidad para el proyecto de nuevo texto constitucional, por un lado, y los estatutos autonómicos por otro, Bolivia avanza hacia dos modelos de Estado absolutamente incompatibles, proceso que podría originar una espiral de violencia, advirtieron autoridades gubernamentales, regionales, analistas y personalidades del mundo político consultadas por La Razón.

El país llegó a ese extremo luego del jueves 28 de febrero, cuando el oficialismo aprobó en el Congreso las convocatorias a los referendos dirimitorio y ratificatorio del nuevo texto constitucional, proceso que hace frente a las consultas que Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija promueven

para aprobar sus estatutos autonómicos, documentos “incompatibles entre sí“, según concluye el estudio Puentes para un diálogo democrático elaborado por el diputado Carlos Börth y los especialistas Silvia Chávez Reyes y Andrés Tórrez Gómez.

El documento concluye que existen diferencias irreconciliables, fundamentalmente en el ámbito de las competencias, algunas de las cuales se rescatan en el cuadro de esta edición.

El coautor del proyecto de estatuto autonómico de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, coincidió con el estudio. “No son compatibles porque el texto constitucional no contempla un régimen autonómico claro. No se puede comparar peras con manzanas, son dos cosas distintas”.

En esa misma línea, el diputado cruceño de Podemos Wálter Arrázola dijo que no es posible concertar porque “la Constitución es lo más antidemocrático que hay, es un proyecto racista, fascista y reaccionario y los estatutos son verdaderos procesos revolucionarios que tiene el país”.

Para muestra basta un botón. Por ejemplo, en el tema tierras, mientras el proyecto de CPE define que éste es un asunto de competencia del gobierno nacional, los estatutos de Santa Cruz y Beni definen que es de competencia departamental. En el caso de la titulación de tierras el distanciamiento es aún mayor, el estatuto cruceño establece, en su artículo sexto, que es “competencia departamental exclusiva”.

El senador de Podemos Carlos Börth asegura que, tal como están redactados ambos textos, “son incompatibles”.

Según el senador, “la diferencia mayor está en las matrices de distribución de competencias, que es el corazón del funcionamiento del sistema”.

El proyecto constitucional aprobado por el oficialismo reconoce a los departamentos autónomos 13 competencias y de estas 13 tan sólo cinco tendrían un carácter de exclusividad de las prefecturas. Por contrapartida, el Estatuto de Santa Cruz reclama 40 atribuciones, todas bajo exclusividad. Entre estos extremos se ubican los proyectos estatutarios de Tarija, Beni y Pando.

La nueva CPE reconoce a las regiones atribuciones de: planificación y gestión de desarrollo socioeconómico departamental, aprobación del presupuesto departamental, planificación y promoción del deporte y administración de infraestructura, protección del patrimonio cultural, promoción del turismo y administración de proyectos hídricos y energéticos, entre otros.

Mientras que Santa Cruz inscribe en su estatuto como atribuciones exclusivas, entre otras, el régimen electoral, tierra, agricultura y ganadería, suelos forestales y bosques, telefonía fija, móvil y telecomunicaciones y tributos departamentales.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, opinó que los estatutos deberían adecuarse a la visión nacional.

“Todo depende, primero, de encauzar adecuadamente estas decisiones unilaterales que se están pretendiendo imponer en algunos departamentos, de aprobar a la mala, de manera inconstitucional e ilegal estatutos autonómicos cuyo contenido y alcance genera excesos en términos competenciales, que son precisos corregir y reorientar en torno a una visión nacional”, dijo.

Otra de las diferencias que hace imposible encontrar puntos de encuentro tiene que ver con la concepción del Poder Judicial, la administración de la tierra y los recursos naturales, que es lo que impulsa el accionar de ambos bloques antagónicos.

Para el proyecto de Constitución, el Poder Judicial se basa en el principio de “pluralismo jurídico”, lo que da lugar a dos jurisdicciones: la indígena y la

ordinaria. Contrariamente, ninguno de los estatutos reconoce la jurisdicción indígena.

En el otro asunto, según el senador Carlos Börth, en las tierras bajas la tendencia es preservar la propiedad y la acumulación de tierras en pocas manos, mientras en el occidente se impulsa una segunda reforma agraria.

Desde la óptica del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), no existen condiciones para compatibilizar el proyecto de CPE y los estatutos, debido a que ambos proyectos fueron elaborados desde dos visiones diferentes.

“Debería haber un diálogo entre ambas concepciones, más que compatibilizar documentos, primero compatibilizar visiones. Eso es anterior a la compatibilización de documentos, es decir que si no hay un diálogo entre estas dos visiones, de la individualista y colectivista, en lo general va a ser muy difícil que a nivel operativo los textos se compatibilicen”, anotó el ex mandatario.

El ex ministro de Educación de Evo Morales y reconocido intelectual aymara, Félix Patzi, señaló que el principal conflicto se encuentra en el control total de los recursos naturales (tierra y agua). “Creo que ése es el punto nodal que va a marcar el curso de la historia de Bolivia en el futuro. El resto de los puntos, derechos en cuanto a la educación, no son fundamentales”, opinó.

El estatuto cruceño se atribuye potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva sobre la tierra, agricultura y ganadería, suelos forestales y bosques, aprovechamiento hídrico, aguas, minerales y termales, según la revisión realizada en el estudio de Börth, Chávez y Tórrez.

El proyecto de nueva Constitución Política del Estado señala que la administración de los recursos naturales corresponde al Estado y además determina que son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible de los bolivianos.

“Lo que divide son los intereses económicos. Ahora, en la nueva Constitución Política, ya es muy difícil de compatibilizar en el tema de las propiedades, es muy difícil que retrocedan los que están anteponiéndose a este proyecto”, agregó el analista Patzi.

“Son tantas las divergencias y contradicciones que esos documentos no podrían entrar en vigencia sin resquebrajar la unidad nacional y sin desordenar profundamente el funcionamiento del país”, se lee en el trabajo realizado por el senador Börth.

La publicación señala, además, que la concertación podría encontrarse si los estatutos “podrían abrirse al reconocimiento de la jurisdicción indígena bajo modalidades departamentales propias”. En todo caso, las regiones avanzan firmes hacia la aprobación de estos documentos.

Opiniones

“Como están son incompatibles”
CARLOS BÖRTH IRAHOLA, senador de Podemos.

“Se puede sostener que, tal como están redactados, si se quedan como están, son incompatibles, lo que implica que el país no podría funcionar normalmente y no podría funcionar sin conflictos permanentes si es que el próximo 4 de mayo se aprueban en los referendos convocados los estatutos y el proyecto de Constitución, lo que es probable que suceda. Entonces, para evitar que el país se desquicie institucionalmente es imprescindible compatibilizar estos textos”.

“Tienen visiones contrapuestas”
VÍCTOR HUGO CÁRDENAS, ex Vicepresidente (93-97).

“A nivel externo no hay condiciones para compatibilizar porque el Gobierno está en una actitud de no transar, de no negociar, de imponer lo suyo y las regiones están con la misma actitud. Internamente, en cuanto al contenido de los documentos, tienen dos visiones muy contrapuestas. El texto de la nueva CPE obedece a una concepción comunitarista y los estatutos, particularmente el de Santa Cruz, sobreponen lo individual sobre lo colectivo”.

Las competencias del Gobierno Nacional y las cuatro regiones que proclaman la autonomía departamental

Estatuto de Santa Cruz

Nueva CPE

1 • Políticas generales y de coordinación en los ámbitos sectoriales y diferentes niveles del Estado. Art. 299
Agricultura, ganadería, bosques, caza y pesca. Competencia departamental exclusiva. Artículos 6, 10, 12, 13 y 40

2 • Relaciones laborales y empleo. Art. 299
Competencia departamental exclusiva. Artículo 6 numeral 24.

Régimen laboral y seguro social. Competencia compartida. Artículo 7 numeral 6.

3 • Policía boliviana. Art. 299
Competencia compartida. Artículo 7 numeral 2

4 • Relaciones internacionales y política exterior. Art. 299
Acuerdos específicos. Competencia compartida. Artículo 7 numeral 4

5 • Tierra, territorio; recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, hídricos, espectro electromagnético, biodiversidad. Art. 299
Tierra. C. deptal. Art. 6.9

Territorio. C deptal. Art.6.35

Biodiversidad. C. deptal. Art.6.16

Hídricos. C. deptal. Art.6.17

Energía. C. deptal. Art. 6.21.21

6 • Transporte terrestre, aéreo, fluvial y lacustre interdepartamental e internacional; registro de medios de transporte.
Art. 299

Competencia departamental exclusiva. Artículo 6 numeral 37 y artículo 8. Carreteras y otras vías. Concurrencia con el Gobierno Municipal. Art. 6 37 y 38

7 • Régimen electoral y registro de organizaciones políticas.
Competencia departamental exclusiva. Artículo 6 incuso 2

Estatuto de Tarija

Nueva CPE

1 • Políticas generales y de coordinación en los ámbitos sectoriales y diferentes niveles del Estado. Art. 299
Legislar actividad económica, agricultura, ganadería, bosque, caza y pesca. Competencia departamental fundamental.

Art. 18.4 y 5

2 • Relaciones laborales y empleo. Art. 299
No especifica.

3 • Policía boliviana. Art. 299
Competencia concurrente con el Gobierno Nacional. Artículo 18 numeral 13

4 • Relaciones internacionales y política exterior. Art. 299
Acuerdos específicos. Competencia compartida con el Gobierno Nacional. Artículo 18 numeral 25

5 • Tierra, territorio; recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, hídricos, espectro electromagnético, biodiversidad. Art. 299
Territorio. Competencia concurrente con el GM. Artículo 18 numeral 18. Hídricos. Competencia concurrente con el GM. Artículo 18.20

6 • Transporte terrestre, aéreo, fluvial y lacustre interdepartamental e internacional; registro de medios de transporte.
Art. 299

Competencia departamental fundamental. Artículo 18 inciso 19

7 • Régimen electoral y registro de organizaciones políticas.
Competencia departamental fundamental. Artículo 18 inciso 7

Estatuto de Beni

Nueva CPE

1 • Políticas generales y de coordinación en los ámbitos sectoriales y diferentes niveles del Estado. Art. 299
Agricultura, ganadería y bosques. Competencia departamental. Artículos 11, 15. Caza y pesca. No figura esta competencia.

2 • Relaciones laborales y empleo. Art. 299
No especifica.

3 • Policía boliviana. Art. 299
Seguridad ciudadana y orden. Competencia departamental. Artículo 11 numeral 14

4 • Relaciones internacionales y política exterior. Art. 299
Acuerdos específicos. Competencia del gobernador. Artículo 27 numeral 12

5 • Tierra, territorio; recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, hídricos, espectro electromagnético, biodiversidad. Art. 299
Tierra. C. deptal. Art.11.5

Territorio. C. deptal. Art. 11.5

Biodiversidad. C. deptal. Art.11.6

Hídricos. C. deptal. Art. 11.12

Energía . C. deptal. Art.11..21

6 • Transporte terrestre, aéreo, fluvial y lacustre interdepartamental e internacional; registro de medios de transporte.
Art. 299

Transporte y comunicaciones. Competencia departamental. Artículo 1 inciso 20

7 • Régimen electoral y registro de organizaciones políticas.
Aparece entre competencias de la Asamblea. Artículo 22 inciso 4

Estatuto de Pando

Nueva CPE

1 • Políticas generales y de coordinación en los ámbitos sectoriales y diferentes niveles del Estado. Art. 299
Agricultura, ganadería, caza y pesca. Competencia compartida con el Gobierno Nacional (GN) y el Gobierno Municipal (GM).Art. 20.4

2 • Relaciones laborales y empleo. Art. 299
Relaciones laborales. Compartida con el Gobierno Nacional. Régimen laboral y seguro social. Compartida con el Gobierno Nacional.

3 • Policía boliviana. Art. 299
Régimen policial. Competencia concurrente con el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal. Artículo 20 numeral 14

4 • Relaciones internacionales y política exterior. Art. 299
Acuerdos específicos. Competencia compartida con el Gobierno Nacional. Artículo 18 numeral 2

5 • Tierra, territorio; recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, hídricos, espectro electromagnético, biodiversidad. Art. 299
Tierra. C. con el GN y el GM.

Territorio. C. con el GM.

Biodiversidad. C. GN y GM.

Hídricos. C. GN y GM.

Rec. no renovables. GN y GM.

6 • Transporte terrestre, aéreo, fluvial y lacustre interdepartamental e internacional; registro de medios de transporte.
Art. 299

Transporte de mercancías, tránsito con origen y destino departamental. Competencia departamental exclusiva.

Artículo 17 inciso 14

7 • Régimen electoral y registro de organizaciones políticas.
No especifica.

Entrevistas

Vemos excesos en el estatuto de Santa Cruz
Fabián Yaksic es viceministro de Descentralización, dependiente de la Presidencia.

¿La nueva Constitución y los estatutos son compatibles?
Todo depende primero de encauzar adecuadamente estas decisiones unilaterales que se están pretendiendo imponer en algunos departamentos, de aprobar a la mala, de manera inconstitucional e ilegal estatutos autonómicos cuyo contenido y alcance genera excesos en términos competenciales que es preciso corregir y reorientar en torno a una visión de carácter nacional.

¿Qué se debe corregir?
Hay que esclarecer, por ejemplo, sobre los tipos de autonomías y niveles de gobierno. También la capacidad legislativa que tiene que estar estricta y claramente planteada y los efectos que va a tener esa facultad legislativa en el país, en la construcción del nuevo Estado.

¿Hay excesos en los estatutos autonómicos?
Vemos un exceso muy grande en el caso del estatuto de Santa Cruz. Son 44 competencias o algo más, competencias exclusivas que en muchos de los casos están disminuyendo o pretendiendo asumir, como competencia exclusiva, aquellas que son privativas del Estado nacional.

¿Cómo se puede armonizar estos proyectos?
Si hay voluntad en reconocer que hay excesos en los estatutos, que puede haber deficiencias en el proyecto de Constitución y creo que de esa manera podemos armonizar ambos, teniendo claridad de qué es lo que le implicaría al país que se transfieran competencias exclusivas al nivel departamental y al municipal; creo que ése es el parámetro con el cual podemos encarar el proceso autonómico.

Es una Constitución fascista-corporativista
Juan Carlos Urenda es coautor del estatuto autonómico de Santa Cruz.

¿La CPE y los estatutos son compatibles?
No son compatibles porque la CPE no contempla un régimen autonómico claro, engaña a la población porque enuncia el concepto de autonomía departamental; pero crea cinco niveles de gobierno: departamental, regional, provincial, municipal e indígena.

¿Ve excesos en la nueva CPE?
Claro. Yo creo que esta Constitución tiene cinco excesos: es racista, fascista, corporativista, crea seis niveles de gobierno y fue aprobada en un recinto militar y sin debatir un solo artículo.

¿Es posible que el estatuto cruceño se someta a la CPE?
No es posible, porque son incompatibles; por lo pronto, el MAS tendría que incorporar un régimen pleno, franco y claro de las autonomías.

El Gobierno asegura que el estatuto cruceño es unilateral
Nosotros advertimos a la Constituyente, en el cabildo del millón, que íbamos a aprobar un estatuto autonómico. Nos vimos obligados a hacerlo ante el incumplimiento de la Asamblea al mandato del referéndum.

El Gobierno dice que quieren imponer su estatuto a la mala
¿Qué es a la mala? A la mala es haber descabezado el Tribunal Constitucional, es haber cercado el Congreso Nacional, poner de presidente de la Corte Nacional Electoral a un tipo que ha escrito rabiosamente contra las autonomías; eso es a la mala.