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El propio viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, reconoce estas debilidades y alerta que la más conflictiva es “la resistencia de determinados grupos que puede ver afectados sus intereses con la acción del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), particularmente con el proceso de saneamiento. Como lo que se ha estado dando en el chaco y San Ignacio de Velasco”.

El viernes 29 de febrero, tanto Almaraz como el director Nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, fueron retenidos en Alto Parapetí (Camiri, Santa Cruz), por propietarios de haciendas y sus empleados, cuando intentaban ingresar a un predio para realizar una medición técnica.

Si bien el INRA superó en dos años el trabajo de saneamiento y titulación que realizaron los gobiernos precedentes en una década, los logros beneficiaron en especial a pequeños productores y a habitantes de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

Miguel Aragón, director del INRA Santa Cruz, coincidió en que la coyuntura política es un obstáculo para avanzar en la ejecución del plan de tierras.

“Hay una línea estratégica de parte de las personas que están en una posición diferente de las políticas del Gobierno; son la Prefectura, las instancias cívicas, algunos gobiernos municipales. Ellos consideran que el proceso agrario debe ser dirigido por el prefecto y que debe haber una ley agraria dictada por la autoridad departamental. La coyuntura y el contexto político y regional son uno de los obstáculos para que se haga un proceso normal respecto al tema agrario”, señaló.

De acuerdo con Mauricio Roca, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), durante la gestión del presidente Evo Morales, la aplicación de la Reforma Agraria no avanzó, al menos en el oriente del país.

“En estos dos años no han tenido ningún avance; se han obstaculizado los procesos, se han politizado las normativas, se ha confrontado políticamente lo que debía tener un criterio eminentemente técnico”, declaró.

Para el empresario el error está en que “se adoptó como una política de Gobierno lo que debía ser una visión de estado, y obviamente con esas actitudes no nos han dejado otra alternativa, en la actual coyuntura, que es la de tener una visión absolutamente regionalizada de la temática de la tierra, para tener alguna posibilidad de producir en el país”.

En todo caso, Almaraz no cree “que estos sectores (cívicos y ganaderos) logren impedir el desarrollo del proceso agrario, no creo que lo frustren, porque para hacerlo tendrían que ser capaces de frenar el proceso de cambios que se han generado en el país, hay una voluntad del Gobierno de desarrollar este proceso agrario con una de las realizaciones principales y hay también la voluntad de los sectores sociales mayoritarios de lograr las transformaciones en el campo”.

No obstante prefirió no aventurarse a “menospreciar la capacidad, la fuerza de estos sectores” a los que acusó no sólo de tomar acciones de hecho contra el INRA, sino a usar el movimiento cívico en su favor, con una “lógica patronal de terratenientes”.

Sobre las otras debilidades del trabajo del INRA, la autoridad explicó “que se han tenido por algún tiempo, pero desde este año las limitaciones económicas están más superadas, por lo que tuvimos que hacer nuevas negociaciones con la cooperación internacional”. A eso añade el déficit de personal capacitado. “En general, en la administración pública necesitamos mayor calificación técnica, problema que está siendo superado”.