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Habrá que reconocer que en ambos casos se estaría incurriendo en violaciones flagrantes a las normas vigentes en el país, por lo que las decisiones del máximo organismo electoral resultarían pertinentes. Para que las convocatorias a estos referendos tengan el respaldo necesario, será conveniente enmendar todo aquello que carece de la legalidad y la legitimidad de las que requieren estar investidas.

Por un lado, era inadmisible que se someta al voto ciudadano un proyecto de Constitución Política del Estado que se halla plagado de excesos e irregularidades. Los medios informativos, los abogados constitucionalistas y prefecturas de diferentes partes del país han expuesto, caso por caso, que tal instrumento de 411 artículos, por lo menos, cuenta con 20 que dislocan la institucionalidad nacional.

Las observaciones, empero, no se limitan sólo al contenido —que por supuesto son los más importantes—, sino también a los procedimientos seguidos tanto en la Asamblea Constituyente como en el Congreso Nacional. El principal de ellos fue la no aplicación de los dos tercios de votos para la aprobación de todos los artículos, como prevé la Constitución actual.

Por otra parte, a pesar del legítimo apoyo a las autonomías que se dio en las urnas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, la Ley dice que el Congreso debe convocar a los referendos para aprobar los estatutos autonómicos, y no las prefecturas. Con tal antecedente, será mejor que estas regiones cuenten con estatutos ajustados a la Ley, para que en el futuro nadie pretenda invalidar sus actos.

En este contexto, salvo que se prefiera —y se pueda— convocar a una nueva Asamblea Constituyente para aprobar el pacto político que tanta falta le hace al país, sobre la base de una Constitución que satisfaga a unos y otros, podría ser también que en el Congreso Nacional, rodeado de las garantías de rigor, el oficialismo y la oposición compatibilicen la Carta Magna, como se mostró dispuesto el presidente de la República, Evo Morales, en la reunión que mantuvo con los prefectos, aunque esta idea luego quedara en la nada.

En las circunstancias actuales, en las que se abre la opción de que el Parlamento pueda volver al punto cero en la aprobación de la nueva Constitución, para habilitarla al referéndum que debe darle su ratificación definitoria, lo más conveniente sería proceder de aquella manera, es decir, compatibilizar el texto constitucional en el Congreso. A su vez, los referendos de los estatutos autonómicos serían intachables, porque se ajustarían a los términos de la Constitución a aprobarse.

Hay tiempo para reencaminar la mala andadura que se tuvo en los últimos años en diferentes escenarios. Con los caprichos, las intemperancias y los autoritarismos se pone en serio peligro la unidad del país. ¿O eso es lo que realmente se quiere?