El papel de la nueva Policía Nacional Es necesaria una inmediata reestructuración en la Policía Nacional para que la población en su conjunto —y no sólo unos pocos— se encuentre protegida contra los hechos violentos que acontecen y los que podrían venir en el país.
No vamos a decir que la Policía Nacional ha sido antes un dechado de virtudes, ni que jamás se haya contaminado con la militancia política. Sin ir muy lejos, en los años de la Revolución Nacional, participó en la subversión y llegó a tener más respaldo y poder que las propias Fuerzas Armadas. Después, en épocas de las dictaduras militares, pero sobre todo en el proceso democrático, la Policía tuvo que acercarse a los gobiernos de turno no sólo en busca de recursos para la institución (que siempre han faltado) sino porque había que hacer “lobby” con los parlamentarios —oficialistas y de oposición— para los ascensos que se deciden en el Senado.
Es decir que la Policía no fue un ejemplo de disciplina ni de obediencia, sino que también jugó a sus propios intereses, muchas veces alentada por los políticos, que la necesitan como respaldo para sus fines. Esto —para que no se tome como un encono injusto contra la institución del orden— ha ocurrido de manera similar en las Fuerzas Armadas, sobre todo en cuanto a ascensos y mandos. En suma, la Policía ha transitado entre someterse o no a las decisiones gubernamentales, y, directamente, al Ministerio de Gobierno, del cual depende.
En los primeros años de la presente centuria, la Policía se ha amotinado más de una vez, poniendo en serios apuros a los gobernantes, e incluso ha llegado a enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, como en febrero del año 2003.
En la actualidad, la Policía afronta conflictos preocupantes por las exigencias de los efectivos del Batallón de Seguridad Física Privada, a los que aparentemente tendrá que incorporar al escalafón policial sin someterlos a exámenes ni a cursos prácticos.
Lo que está ocurriendo con la Policía Nacional, en estos tiempos, resulta exagerado. Las fuerzas de seguridad han perdido toda autonomía y se han sometido íntegramente al Gobierno; pareciera que sólo están para proteger a los llamados “movimientos sociales” o para darles a éstos carta libre cuando cometen desmanes a cualquier hora del día.
Las pruebas están en dos ejemplos: los acontecimientos de fines de noviembre en la zona de La Calancha, de Sucre, y del 28 de febrero en la plaza Murillo de La Paz. En el primer caso, la Policía estuvo comandada en persona por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, con un cerco de seguridad de ciudadanos alteños. En el segundo, los efectivos se retiraron de la plaza Murillo dejando inermes, ante los tumultos oficialistas, a parlamentarios opositores que recibieron golpes e insultos.
Entretanto, en las grandes ciudades o en las zonas rurales del país, a diario, se sabe de asaltos, de agresiones, contrabando, narcotráfico, secuestros y muertes; y la mayoría de esos casos queda en la impunidad. Pero, existe algo más que conmueve a la opinión pública nacional: la proliferación de los “linchamientos”, a veces frente a los ojos de policías que, por diversas razones que van desde la falta de recursos hasta el miedo, no atinan a actuar para evitar esta justicia por mano propia.
Esto se ha repetido hasta el cansancio, pero es necesaria una inmediata reestructuración en la Policía Nacional para que la población en su conjunto —y no solamente unos pocos— se encuentre protegida contra los hechos violentos que acontecen y los que podrían venir en el país.