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La empresa que fue fundada en 1937 pasó su peor momento con la capitalización decretada por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que la despojó de su participación en la industria petrolera. Con la llegada del gobierno del MAS se anunció que había llegado el momento de la refundación de la empresa, proceso que comenzó con el cambio de los contratos con las petroleras, y que el Gobierno llamó “nacionalización”.

Los funcionarios que manejaron la empresa estatal no parecieron estar a la altura de las exigencias de un proceso de refundación. A juzgar por el currículum de los funcionarios designados, el Gobierno no da importancia a YPFB. Si hubiera una verdadera intención de resucitar a esta empresa, se la habría dotado de profesionales capaces de lograr ese objetivo.

El nuevo presidente de la empresa es el senador Santos Ramírez, de profesión maestro rural. La primera decisión que tomó Ramírez en su nuevo cargo fue nombrar a Guillermo Aruquipa, su predecesor, como Gerente de Producción, es decir como segundo hombre de la empresa. Esta designación tampoco parece inteligente, pues el señor Aruquipa fue removido del cargo precisamente porque había sido incapaz de realizar una buena labor para asegurar la normal provisión de derivados del petróleo para el mercado interno y para las exportaciones comprometidas.

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dijo hace seis meses que el gobierno del presidente Morales fijó como prioridad para la empresa estatal la atención de la demanda interna. El señor Aruquipa, sin embargo, se ha caracterizado por haber provocado graves situaciones de desabastecimiento del mercado interno, a tal grado que se anuncia desde ahora una escasez de gas licuado de petróleo para los próximos meses, lo que obligará a importarlo. Ahora, el señor Arequipa no es presidente de YPFB, pero está a cargo de atender el mercado interno de los hidrocarburos.

Las empresas petroleras han hecho saber que gran parte de la culpa de que no se hayan concretado más inversiones en el sector petrolero la tiene YPFB, pues sus funcionarios no fueron capaces de tomar las decisiones apropiadas. Planes de inversión frenados porque YPFB ni siquiera respondía a las empresas, demora en la aprobación de otros calendarios y, finalmente, la falta de permisos ambientales para construir ductos.

Quizá ha llegado el momento de que el país deje de tomar decisiones equivocadas en un sector tan sensible para la economía nacional, como el de los hidrocarburos. Dotar a la empresa de malos profesionales, o de profesionales no calificados, equivale a poner a un motor un combustible diferente al que necesita, o ponerle agua al tanque.

Es preciso manejar con responsabilidad YPFB, no solamente por el valor económico que tiene, sino por los miles de bolivianos que soñaron con esta empresa estatal incluso antes de que existiera, como fueron los 50.000 soldados que cayeron en la Guerra del Chaco. No se puede jugar de manera irresponsable con un legado tan sensible para el país.