Responsabilidad para el diálogo Oficialistas y opositores deberán tener conciencia de la necesidad de ceder, de manera de llegar a consensos. Por lo tanto, del resultado del diálogo nadie podría sentirse ganador o perdedor. Está en riesgo la unidad del país.
En caso de concretarse, el diálogo político no debe ser uno más. La expectativa nacional, después de meses recientes de peleas pero hasta dos años de innumerables desencuentros, merece un mejor final que otros encuentros de oficialistas y opositores que llegaron a sentarse alrededor de una mesa y sólo consiguieron profundizar sus diferencias. La Iglesia Católica, nuevamente, ofrece sus buenos oficios para facilitar este acercamiento que, de antemano, requiere de un máximo de responsabilidad de las dos partes en conflicto.
Tanto el Gobierno como los partidos y regiones que aparecen enfrentados, no tienen margen para el fracaso. Por las condiciones actuales que penden de un hilo en lo económico —por la inflación y el alto costo de la vida— y en lo social —roces de grupos sociales de uno y otro bando en las calles—, difícilmente el país puede soportar más maniobras e imposiciones. El entendimiento espera por las partes, en la mesa del diálogo.
Oficialistas y opositores deberán tener conciencia de la necesidad de ceder, de manera de llegar a consensos. Por lo tanto, del resultado del diálogo nadie podría sentirse ganador o perdedor. Está en riesgo la unidad del país; en consecuencia, de lo que se trata es de reconstruir la armonía perdida. De tal magnitud y naturaleza es el diálogo que se proyecta.
De ahí que resulta irrisorio que voces subalternas se atrevan a decir que el Gobierno no dialogará bajo condicionamientos. El que dialoga —esté del lado en que esté— tiene pleno derecho de contar con sus propios planteamientos para que, sobre esa base —más la posición del otro interlocutor—, se puedan conciliar los antagonismos, abriendo los caminos de la concertación y asegurando la viabilidad del proceso político en curso, dentro del amplio marco de la democracia.
La Iglesia Católica ha aceptado organizar y facilitar la apertura de las discusiones, con sujeción a una agenda clara y viable. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Jesús Juárez, consideró necesario un tiempo de preparación, para pensar en los puntos a discutir y en los actores participantes del diálogo. Al respecto, los movimientos sociales comenzaron a reclamar un lugar en la mesa.
La Iglesia habría pedido garantías de que se flexibilizarán las posiciones, algo que resulta complicado de alcanzar, considerando las actuales circunstancias de polarización del país y los reiterados ejemplos de radicalismos de uno y otro lado.
Esto no significa, sin embargo, que el panorama sea totalmente negativo. Con los pasos avanzados a la luz pública, descontando aquellos que se pudieran haber dado al margen de la publicidad de los medios de comunicación, las condiciones, aunque levemente, han mejorado con la Iglesia de por medio. Claro que, en última instancia, el resultado de tal gestión dependerá de la predisposición de los actores principales.
El diálogo todavía navega en las mansas aguas de la incertidumbre y no conviene abusar de esta tensa calma.
Decepcionante sería que, finalmente, el encuentro se concrete pero que en él imperen las discusiones bizantinas: la política ladina, hecha por actores poco generosos con el país, incapaces de ceder posiciones por el bienestar general, se repetiría en un nuevo capítulo triste de la historia nacional.