El contrabando y la voluntad política El problema no es nuevo y los esfuerzos desplegados hasta ahora, por diferentes gobiernos en las últimas décadas, no fueron suficientes como para solucionarlo. Esta situación impide la vigencia de la legalidad plena en la actividad comercial del país.
Los contrabandistas pueden batir palmas, porque, hasta ahora, nadie pudo contra ellos en Bolivia. En vez de reducirse, a pesar de la disposición de recursos fiscalizadores y represores, esta actividad ilícita cada año crece más.
El último año se supuso que esta difícil lucha podría tener un final favorable para el Estado, por la designación de un ex comandante del Ejército como presidente de la Aduana Nacional quien, a su vez, se rodeó de jefes militares entre sus colaboradores cercanos. Pero, ni siquiera esta medida redujo las cifras del contrabando, que tanto daño ocasiona a la producción boliviana. Todo lo contrario, aumentó a un nivel que nunca antes había alcanzado, lo que podría entenderse como una burla a los empeños del Gobierno por acabar con esta lacra.
Hace un par de meses, se constató que existen poblaciones enteras en el altiplano —al igual que en otras regiones del país— que están comprometidas con el contrabando, al extremo de defenderlo a sangre y fuego. El propio comandante general de la Policía, general Miguel Vásquez, así como el contingente de efectivos de su institución que él encabezaba, tuvieron que fugar del lugar, ante el riesgo de ser masacrados.
Un estudio de la experta en temas aduaneros Clemencia Paredes, presentado recientemente en un foro del sector empresarial, establece que el contrabando casi se duplicó en los últimos dos años, alcanzando un valor estimado de 1.239 millones de dólares, y representó el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Con esto, Bolivia perdió cerca de $us 267 millones en impuestos no recaudados, aparte de haberse privado de alrededor de 200.000 puestos de trabajo.
El contrabando de importación, según registros estadísticos y reexpediciones de Zona Franca, en el 2004 fue de $us 549,92 millones, pero el 2005 trepó a $us 622,23 millones, el 2006 a $us 845,57 millones y el 2007 a $us 1.149,01 millones. Entretanto, el Control Operativo Aduanero (COA) incautó mercadería por $us 11 millones, lo que representa menos del 1 por ciento de efectividad.
La Gerencia de Normas de la Aduana Nacional aseguró a La Razón que esta entidad tuvo resultados positivos en materia de recaudaciones; en efecto, el 2007 éstas aumentaron en casi 40 por ciento respecto de las del 2006. Sin embargo, la diferencia se explicaría en el mayor volumen de mercadería —entre lícita y de contrabando— internada al país el año pasado.
La preocupación por el incremento del contrabando, que aproximadamente se duplicó entre los años 2005 y 2007, dio lugar a que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, comente en dicho foro que “el contrabando es primo hermano del narcotráfico, porque manejan grandes cantidades de recursos ilegales”.
El problema no es nuevo y los esfuerzos desplegados hasta ahora, por diferentes gobiernos en las últimas décadas, no fueron suficientes como para solucionarlo. Esta situación impide la vigencia de la legalidad plena en la actividad comercial del país. Ante semejante certidumbre, con los números del delito creciendo día tras día, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, parece no estar lejos de la verdad cuando sostiene que falta voluntad política para enfrentar al contrabando de una manera eficiente.