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Según el reporte enviado desde París (Francia), la organización solicitó una investigación que determine rápidamente las responsabilidades de los hechos que “atentan contra el pluralismo de la opinión pública”.

“Un medio de comunicación, tanto si es público como privado, y si reivindica una línea editorial pro-gubernamental o de oposición, no tiene por qué pagar el precio de los arreglos de cuentas políticas, que aún son mucho más condenables cuando adquieren tintes violentos”, indicó RSF en un comunicado.

En el mismo tenor, en Bolivia, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) condenó la suspensión obligada y temporal de las emisiones del canal oficial y de la emisora de red Patria Nueva.

Por otro lado, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), Marcelo Arce, envió una carta al presidente Evo Morales en la cual perfila un proyecto de ley que derogaría los artículos primero y 43 de la Ley de Telecomunicaciones.

Estos artículos fueron la base de una circular que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel) envió a más de mil medios audiovisuales, y en la que anunciaba el control de los contenidos de sus programaciones.

Además de esta iniciativa, otras dos —una propuesta por el MAS y otra por la oposición— buscan garantizar la libertad de expresión mediante leyes.

SOBRE EL ATAQUE

Ocupación • El martes 25 de marzo, un grupo de manifestantes universitarios tomó las instalaciones de Canal 7 y de radio Patria Nueva, en Sucre.

Perjuicio • Las transmisiones de ambas emisoras fueron interrumpidas por horas. La Policía dijo que los estudiantes cortaron la energía eléctrica.