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La medida ha sido bien recibida por los sectores afectados, aunque el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha advertido que la misma debe estar acompañada de políticas de apoyo a los grandes, medianos, pequeños y microempresarios, así como de una efectiva lucha contra el contrabando.

El cambio deja de lado el concepto de linealidad en la aplicación arancelaria que existía desde agosto de 1990, cuando se fijó una estructura de cero y cinco por ciento para la importación de bienes de capital, entre los que se hallaban comprendidas las maquinarias, los equipos industriales y los insumos que requiere el sector manufacturero. En ese entonces, por otra parte, se impuso el 10 por ciento de impuesto a la internación de artículos textiles acabados, bienes fabricados en madera o cuero y otros productos de consumo directo.

En el nuevo régimen, los gravámenes suben en escalas de cero, cinco, 10, 15 y 20 por ciento. En el primer caso, la incidencia es del 6,73%; en el segundo, del 32,98%; en el tercero, del 33,04%; en el cuarto, del 10,79%; y en el quinto, como se menciona anteriormente, del 16,46%.

De manera general, la reforma es moderada, con la perspectiva de que puede generar efectos positivos para la producción, lo que se traduciría en un incremento de las fuentes de trabajo. En contrapartida, se corre el riesgo de que estimule el contrabando, especialmente en los productos cuyo arancel es del 20%, por lo que el Gobierno deberá tomar los recaudos necesarios para evitarlo.

De alguna manera implica un retorno parcial al proteccionismo, acerca de cuyos resultados no dejan de subsistir diferencias de opinión a favor y en contra. No obstante, la decisión tiene el mérito de haber sido estudiada y consensuada con sectores empresariales. La iniciativa data de octubre del año pasado y fue aprobada el 21 de noviembre del 2007, mediante el Decreto Supremo Nº 29349.

Luego, se abrió un paréntesis de tres meses para que la disposición entre en vigencia ayer, de tal manera de realizar los ajustes en los mecanismos aduaneros, además de permitir que las empresas del país adopten sus programas de importación con la debida anticipación.

Como resultado de las compatibilizaciones entre los planes gubernamentales y los intereses de los diversos sectores empresariales, las autoridades del Poder Ejecutivo acogieron favorablemente casi el 85 por ciento de las modificaciones planteadas por el sector privado. Mientras que el Gobierno impuso sus criterios en el restante 15 por ciento.

La medida preserva las relaciones comerciales con el Mercosur, México y Cuba, y toma en cuenta los acuerdos de complementación económica con otros bloques y naciones. Por otra parte, se ha señalado que el nuevo impuesto es perfectible, sobre la base de esta experiencia incipiente. Ahora sólo resta aplicar una política de lucha efectiva al contrabando.