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Hoy, no hay manera de ignorar lo que está ocurriendo en el país; hacerlo, sería una irresponsabilidad inaceptable. Si bien la prensa en general no tiene como labor dar soluciones a los problemas nacionales, es importante su opinión, sea ésta a favor o en contra del Gobierno. Finalmente, lo que importa es que desde las diversas posiciones de los medios de comunicación, la opinión pública saque sus propias conclusiones y que el Ejecutivo, si le parece bien, haga lo propio.

La Razón, desde los primeros momentos de esta polarización que actualmente tiene entrampado al país, ha abogado por el diálogo. Nunca es tarde para sentarse en una mesa y buscar soluciones a la crisis, pero, dadas las circunstancias, cabe preguntarse si el oficialismo y la oposición —principalmente el primero— no han perdido un tiempo que, a la postre, todos podríamos lamentar.

La noche del miércoles, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha llamado con vehemencia a los medios a no marginarse de la crisis política que agobia a los bolivianos. También les ha dicho que tienen un "mandato histórico" para preservar la unidad nacional y, por tanto, influir para que el proceso autonómico, principalmente el referéndum cruceño del 4 de mayo, no se lleve a efecto.

Casi al mismo tiempo, el presidente Evo Morales, en una señal de desesperación, volvió a acudir a la Iglesia Católica, esta vez en Cochabamba, para pedirle que reencauce el diálogo, luego de varios intentos frustrados de acercar a las partes en conflicto. Si el Gobierno hubiera atendido y tomado en cuenta a tiempo las iniciativas planteadas en las últimas semanas por los medios de comunicación independientes, no estaría en la incómoda posición actual de evitar una probable confrontación en Santa Cruz.

Antes de proponer una suerte de cadena nacional de prensa para frenar el referéndum, le habría sido más útil y democrático recoger el criterio de quienes observan la situación política desde fuera de las puertas del Palacio de Gobierno. Y no solamente lo que dicen los medios, sino también las diversas instituciones nacionales —la Iglesia, fundamentalmente— que están preocupadas por la suerte que corre el país.

La obligación es, principalmente, del Ejecutivo.

Si aún queda tiempo, el Gobierno debe dar señales confiables de un diálogo inmediato y franco que devuelva la legalidad a los bolivianos. Pero, ese diálogo debe estar precedido de gestos palpables del Ejecutivo, como dejar en punto cero el discutido proyecto de Constitución Política del Estado, el recorte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las prefecturas y, finalmente, la prohibición de la exportación del aceite.

Si el Ejecutivo se atreviera a dar estos pasos hacia adelante, obligaría a las regiones opositoras a retroceder un paso atrás. Posiblemente, a esta altura de los acontecimientos, los líderes cruceños no estén en condiciones de frenar el referéndum de mayo; pero, de tomar esas medidas audaces, la administración de Evo Morales ganaría terreno en la opinión general del país.