El sector fabril de Cochabamba y Santa Cruz demandó ayer al Gobierno la anulación de dos decretos que prohíben la exportación de aceites comestibles (crudo y refinado) y de otros productos alimenticios. Al pedido de los trabajadores se sumó la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), que se declaró en estado de emergencia.
En Cochabamba, los fabriles realizaron una marcha de teas con el objetivo de mostrar su molestia frente al alza de precios y por las medidas económicas aplicadas por el Poder Ejecutivo.
El dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Óscar Olivera, dijo que la restricción a las exportaciones afecta varios rubros de la actividad laboral.
Los trabajadores se concentraron desde las 17.00 en su sede de la plaza 14 de Septiembre. A la convocatoria asistieron cerca de un millar de fabriles.
En Santa Cruz también se realizó una marcha de los trabajadores fabriles. Aunque ésta fue menos numerosa, la misma se caracterizó por ser ruidosa. El dirigente de los fabriles, Edwin Fernández, exigió a las autoridades del Ejecutivo que den marcha atrás en su medida y levanten la prohibición para la venta de aceites y otros productos al mercado externo. Según el sindicalista, el veto a los aceites ya provocó millonarias pérdidas al empresariado cruceño y existe el riesgo de que miles de personas se queden sin fuentes de trabajo.
En La Paz, los directivos de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) se reunieron de emergencia y conminaron al Ejecutivo a suspender la prohibición para la exportación de aceites y otros productos.
El presidente de la Caneb, Eduardo Bracamonte, calificó como un “grave error” la decisión del Gobierno, ya que “únicamente sumirá a la población en la pobreza y aumentará la crisis del país”. De acuerdo al presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Ramiro Monje, la determinación del Ejecutivo afecta a 300 mil empleos y a más de un millón de personas que viven de las exportaciones.
También señaló que entre marzo y abril de este año dejarán de recibir al menos 60 millones de dólares por los embarques incumplidos, al margen de perder mercados y ser sancionados con multas pecuniarias.