Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Nunca antes los choferes habían logrado tantas ventajas tributarias y concesiones fiscales como en esta negociación, que realizaron con ministros decididos a cederlo todo a cambio de que no se concretara el paro. Este extremo iba camino a coincidir con un momento político muy tenso en Bolivia.

El problema es que, con estas concesiones, se ha herido la estructura de las recaudaciones tributarias del país. La naciente y todavía débil cultura tributaria de los bolivianos recibió un duro golpe con este triunfo de los choferes en las negociaciones con el gobierno del presidente Evo Morales.

Todos los ítems de la carga tributaria que se aplica a los choferes urbanos han sido alcanzados por los acuerdos con los que el Ejecutivo logró el desistimiento del paro de protesta.

El impuesto a las utilidades, que los transportistas habían aceptado pagar después de largas negociaciones con el actual Gobierno, resulta que ahora será rebajado para este sector.

Los choferes también tendrán un tratamiento preferencial para el pago del impuesto a la transferencia de los vehículos. Y podrán evitar el pago de otros deberes para obtener la tercera placa.

Para completar el paquete, los choferes consiguieron que el Ejecutivo les ofrezca edificar por lo menos 1.400 viviendas para ellos, aunque no definieron todavía en qué departamentos serán construidas. Añadieron a la lista de exigencias que se les ayude a financiar la conversión de sus vehículos a GNV, si es posible cubriendo los costos de los equipos. Y algo más: el Gobierno se comprometió a importar llantas para entregárselas a los transportistas a precios especiales.

De todos modos, los dirigentes sindicales de este importante sector del país dijeron que, a partir de la suscripción de los acuerdos, ellos estarían vigilantes para comprobar si el Poder Ejecutivo cumple o no sus compromisos. Remarcaron que sólo ofrecieron dejar en suspenso sus medidas de protesta.

De dicho paquete de concesiones, lo más dañino es el retroceso que ha dado el fisco en la larga marcha hacia la creación de una cultura tributaria en el país. Pero no solamente ha habido un retroceso en los avances que el propio Gobierno había logrado para que los choferes acepten pagar el impuesto a las utilidades, sino también en el impuesto a las transferencias, algo que nunca había estado en discusión.

El Estado deberá convertirse en importador de llantas para que el Ejecutivo pueda cumplir con el compromiso, si no quiere que los choferes vuelvan a amenazarlo.

La negociación ha sido una derrota para el fisco. El Gobierno tendría que llamar la atención a los funcionarios que dieron estas concesiones a un sector que se beneficia con la gasolina y el diesel subvencionados, que usa de manera irregular el GLP en miles de vehículos y que acaba de conseguir un triunfo que deja mal parado al país, en su esfuerzo por crear una cultura tributaria, esencial para crear un espíritu de pertenencia al Estado.