• EN COCHABAMBA • El cardenal Julio Terrazas se dirige a los medios tras la conclusión de la 86ª Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana. La rueda de prensa se realizó ayer.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

“Ante la situación que va empeorando peligrosamente, en cuanto estén dadas las condiciones, las autoridades responsables de la conducción del país convoquen al diálogo para lograr un pacto social con amplio consenso”, concluyó la 86ª Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) realizada en Cochabamba, encuentro de obispos que analizó la participación del clero en este proceso.

Hace dos semanas, el presidente Evo Morales pidió a la Iglesia agilizar la convocatoria al diálogo y ayer, tras conocer la decisión de los obispos, el vocero del Palacio, Iván Canelas, reiteró que el Ejecutivo espera que sea esta institución y la comunidad internacional las que asuman la responsabilidad. “Sería más factible que estas instituciones sean las que faciliten, nos acerquen...Si el Gobierno convoca (al diálogo) van a volver nuevamente a existir observaciones (de la oposición)”.

El documento de conclusiones de la Asamblea de la CEB, leído ayer por monseñor Jesús Juárez, advierte la presencia de un clima adverso para el diálogo, que puede “desembocar en confrontaciones con consecuencias imprevisibles de dolor y muerte”.

Señala que los obispos están “muy preocupados por el distanciamiento entre regiones, clases sociales y etnias, la polarización ideológica, la excesiva primacía del discurso político y la influencia de sectores radicales”.

Para crear un clima favorable al diálogo, la CEB propuso “romper las desconfianzas y evitar el doble discurso”, “despojarse de intereses sectoriales y partidarios”, “abandonar actitudes de menosprecio, insultos, descalificaciones, odios y venganzas” y “suspender las campañas y propagandas que van desacreditando a uno y a otro sector”.

Ante ello, Canelas anunció que “el Gobierno está de acuerdo con suspender toda campaña que pueda dañar o afectar este proceso de construcción de diálogo” y pidió similar gesto a la oposición política y regional, a la que convocó a sentarse a dialogar “sin condicionamientos”.

Aunque derivó al Gobierno la responsabilidad de la convocatoria, la Iglesia ratificó su “firme voluntad y compromiso de seguir acompañando el proceso de diálogo y concertación”.

En contradicción a la convocatoria de la Iglesia, y en la línea de otros actores sociales afines al MAS, los denominados Ponchos Rojos de Achacachi, los dirigentes del Plan 3.000 de Santa Cruz y los fabriles de Cochabamba anunciaron en La Paz la conformación de una coordinadora nacional de movimientos sociales, que como primera actividad convocó para el 4 de mayo a una movilización nacional en contra del referéndum cruceño.

“Nosotros hemos comprendido que la única forma de revertir la situación en el país, contraria a los intereses populares, es la movilización de los sectores sociales, es por esto que convocamos para que el 4 de mayo realicemos una movilización en contra del ilegal referéndum cruceño”, señaló el dirigente de los fabriles, Óscar Olivera. Al igual que en Santa Cruz, el 1 de junio Beni y Pando realizarán sus consultas, y el 22 lo hará Tarija.

“Estamos muy preocupados por el distanciamiento entre regiones, clases sociales, etnias, la polarización ideológica...”.
Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).