Luego del 4 de mayo
María Teresa Zegada*

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El 4 de mayo se ha convertido en algo así como una fecha fatídica que inquieta a propios y extraños; por una parte porque en Bolivia los momentos más críticos de alguna u otra manera suelen encontrar una salida mediante su postergación —que esta vez no parece posible—; y por otra, porque en torno al 4 de mayo se están generando una serie de aprestos, tanto desde quienes defienden este proceso y no pretenden bajo ninguna circunstancia reconsiderarlo, como desde quienes, ante su carácter irremediable, buscan estrategias para detenerlo o descalificarlo, por ejemplo, mediante la apertura y predisposición al diálogo, el ataque discursivo a sus promotores, tanto en los discursos oficiales como en un proceso sostenido de contra-propaganda política, o por último mediante la amenaza de recurrir a la legalidad o a la coerción física para frenarlo.

La opinión sobre la inconstitucionalidad de este acto es generalizada y de sentido común, puesto que la aplicación de sus resultados no se encuentra sostenida en el texto constitucional vigente; pero además, por la resolución de la Corte Nacional Electoral sobre el particular y por las características sui géneris que ha asumido el proceso. Empero, como dijimos alguna vez, la legalidad o ilegalidad de los actos ya no es un argumento cuando ésta ha sido sometida demasiadas veces y por todos a consideraciones forzadas y se ha convertido en un dispositivo discursivo para defender o atacar posiciones. Lo cierto es que la demanda autonómica como tal ha cobrado impulso social en el país —es evidente que no se trata de cuatro familias oligárquicas— y ha logrado legitimarse discursivamente no sólo en el oriente sino también se va convirtiendo en una posibilidad en otros departamentos como Chuquisaca, Cochabamba o Potosí. Pero, ¿qué autonomía está en juego? Y, sobre todo, ¿cómo se pretende implementar?

La gran pregunta que queda flotando en el aire es: qué pasará después del 4 de mayo, cuando los cálculos hacen suponer que la consulta contará con el apoyo mayoritario del electorado a esta iniciativa. Recientemente, el Secretario Departamental por la Autonomía de Santa Cruz señaló que para que este referéndum no se reduzca a un mero acto consultivo, inmediatamente después de conocer los resultados se convocará a elecciones para la Asamblea Legislativa —no así para gobernador, pues ésta recién se produciría el 2010—, que se encargará de iniciar la gestión del nuevo gobierno departamental. Pero, ¿en qué consiste la gestión del flamante gobierno departamental? De acuerdo a la misma fuente, nada más y nada menos que en establecer un salario mínimo, salud gratuita, y desayuno y almuerzo escolar para las 15 provincias.

Estos objetivos iniciales, que denotan un carácter electoralista, dejan bastante mal parado al ya controvertido proceso, pues demuestran una grosera reproducción del populismo, punta de lanza del cuestionamiento al Gobierno central por parte de sectores sociales que con bastante razón demandan al Gobierno generar condiciones para la inversión y el desarrollo y dejar de promover políticas que simplemente provocan legitimidad y apoyo social. En definitiva, más allá de la disputa y división que ha generado este proceso, plantea un triste comienzo para unas autonomías que, bien comprendidas, estructuradas y aplicadas, podrían significar en Bolivia una clara estrategia de democratización y respuesta a las necesidades sociales.

*María Teresa Zegada
es socióloga.