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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia existen cerca de cuatro millones de personas ocupadas, pero de ese número sólo el 23 por ciento se encuentran afiliadas a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Esto implicaría que cerca de tres millones no podrían contar con una jubilación en el sistema formal de pensiones.

Acerca de este tema —que concierne a todos, porque nadie puede excluirse de llegar a la edad de la jubilación, salvo las excepciones de las mujeres que puedan fallecer antes de los 60 años o los hombres antes de los 65—, la organización privada Políticas Públicas para la Libertad (Populi), centro de estudios dedicado al análisis y la propuesta de políticas públicas, realizó un valioso y esclarecedor análisis de la reforma de pensiones y la situación de los trabajadores independientes.

En enero, el Gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 29423, con el que reglamentó la Ley 3785, del 23 de noviembre del 2007, e impuso normas sobre algunos aspectos del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, entre ellas la “Pensión Mínima” (PM). Esta última es una prestación semicontributiva, compuesta por los aportes de la Cuenta Individual, la Compensación de Cotizaciones cuando corresponda y una fracción complementaria a cargo de la Cuenta Básica Provisional que, en resumen, consiste en un subsidio que el Gobierno creó para los trabajadores afiliados a una AFP, cuyo salario de jubilación sea menor al salario mínimo nacional.

Según algunas de las conclusiones del estudio, si la política oficial tuviera como objetivo mejorar y mantener el salario jubilatorio de los grupos de beneficiarios pobres y no pobres, tendería a ser insuficiente, debido a que la cobertura del seguro de largo plazo seguiría con un déficit de más del 70 por ciento. Entonces, el primer punto que deberían tomar en cuenta las autoridades pertinentes es la realización de un diagnóstico técnico, independiente, transparente y completo. Lo cual permitiría identificar las ventajas y desventajas, así como las fortalezas y debilidades del sistema de pensiones.

Populi estima que tal vez sea aconsejable esbozar primero algunas características de la fuerza laboral que no cuenta con un seguro social de largo plazo en Bolivia. De los aproximadamente cuatro millones de trabajadores que tiene el país, sólo un millón se encuentran afiliados al sistema de pensiones, es decir que más del 75 por ciento de la fuerza laboral no podría gozar de una jubilación. El estudio concluye principalmente en que se debe lograr el eficiente funcionamiento de la economía, porque esto representa el mejor programa de reivindicación social y asegura una jubilación digna para todos los trabajadores. Y si se van a crear subsidios estatales, deben ser focalizados y eficientes, para beneficiar sobre todo a los más necesitados sin involucrar riesgos para la sostenibilidad fiscal.