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´Nosotros hemos definido que ese referéndum no es legal, no tiene efecto vinculante, no es un referéndum, es una encuesta carísima, sin efecto alguno y por supuesto que vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar, como en cualquier otro día del mes, la tranquilidad de la ciudadanía´, respondió el vicepresidente de la República, Álvaro García, consultado si tomarán acciones ante posibles enfrentamientos entre grupos que apoyan esa consulta y otros que no.

El prefecto cruceño, Rubén Costas, convocó para el 4 de mayo a un referéndum departamental para aprobar los estatutos autonómicos que darán comienzo a la aplicación de la autonomía departamental, ante lo cual grupos afines al oficialismo amenazaron con quemar ánforas y bloquear carreteras para impedir la consulta.

Según García, la realización del referéndum cruceño no garantiza la aplicación de sus decisiones, por constituirse en un proceso sin respaldo legal.

´Lo que va a pasar el 4 de mayo en Santa Cruz es una encuesta bastante cara, que va a costarle al contribuyente 11 millones de bolivianos y que no tiene efecto vinculante alguno, que ninguna autoridad, ni ningún ciudadano, ni ninguna institución, tiene obligación de acatar porque es ilegal´, afirmó el Vicepresidente.

Sobre el diálogo, consideró que éste tropieza con posiciones inflexibles de la oposición ´que dice \'esto no lo cambio, esto no lo toco, esto no lo corrijo\'´, posición que de mantenerse no permitirá avanzar en el proceso.

No se necesitan veedores

El diputado de Podemos Pablo Klinski minimizó la importancia de que hayan observadores internacionales en el referéndum del 4 de mayo, porque no se trata de un proceso electoral de carácter nacional.

“Yo le aseguro que ni los referéndums departamentales ni municipales necesitan de veedores internacionales porque aquí no hay un proceso eleccionario, sino sólo es una consulta a los ciudadanos”, señaló.

Asimismo, aseguró que el proceso del domingo 4 de mayo tiene un sustento legal porque se asienta en los artículos 2 y 4 de la Constitución Política del Estado, que establecen que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo delibera, entre otras vías, a través del referéndum.

La Corte Departamental organiza este proceso, que es financiado por la Prefectura. El gobierno de Evo Morales anunció que iniciarán procesos legales por desvío de fondos.

Klinski señaló que no temen a ningún proceso legal, mientras que el presidente de la Corte cruceña, Mario Orlando Parada, evitó hacer comentarios del tema.