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El primer tema que deberán resolver el Gobierno y las prefecturas es el replanteo tanto del proceso constituyente, como de los estatutos. Por un lado, reconocer que se debe retomar el curso normal, lógico y razonable de la relación Constitución-estatutos, que primero está la ley básica (la Constitución) y luego su desarrollo departamental (los estatutos).

El 4 de mayo, sin duda, se trata de una pulseta política, pero para ambos lados de la batalla queda el tema de normar la descentralización en el departamento.

En segundo término, se viene la parálisis administrativa. La crisis es de una "Constitución que fue incapaz de generar un pacto territorial y la reacción desbocada sobre todo de Santa Cruz", destaca Franz Barrios Suvelza.

Si bien algunos sectores políticos y sociales plantean la compatibilización de la Constitución y los estatutos, para el constitucionalista Carlos Alarcón, dicha compatibilización ya no es posible. Un futuro pacto es más de fondo: lo razonable es la reconsideración de los documentos y varios de sus principios.

En esta auténtica "reorganización del poder en el territorio" que está viviendo el país, señala José Antonio Terán, la esperanza está en que las propias realidades llamen a tierra a los actuales extremos enfrentados: en otras palabras, ni Gobierno nacional ni prefecturas autónomas podrán funcionar como aparatos estatales sin una mutua colaboración, una mutua complementación.

En el caso del impuesto IVA, por ejemplo. Si bien cierto afán autonomista puede demandar que lo recaudado se quede en la región propia, está demostrado que el buen rendimiento de este tributo, sólo se da cuando el IVA es administrado de manera nacional.

Son urgentes las llaves técnicas para desentrabar los entuertos a que llevó el encono político. Por ejemplo, afirma Franz Barrios Suvelza, en el caso de la tierra, se puede determinar claramente que el nivel nacional tiene la potestad de legislar en el tema, pero, y a punto seguido, el futuro gobierno departamental pueda administrar este recurso. Gana la región porque se hace operativa la administración pública departamental, y gana el Gobierno porque tiene tuición sobre lo fundamental como es la extensión de la tierra, la tributación, entre otras cosas.