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A todos los males que han aquejado a la Aduana Nacional de Bolivia en toda su historia, el último conocido y aceptado públicamente, el del ataque de piratas de la red internet, es lo que nadie podía haber imaginado.

El presidente de la Aduana, César López, reconoció, entre otras cosas, que el sistema informático fue ´vulnerado, violado en reiteradas oportunidades desde dentro y fuera de la institución´. Con los problemas que acarreaba esta entidad, se puede pensar, sin temor a equivocarnos y utilizando una figura común, que tenía suficientes dolores de cabeza. Pero, ahora, se añade un grave problema cibernético que podría dar lugar a sospechas de futuros actos de corrupción.

Sólo observando el mapa del país, se advierte que esta repartición estatal tiene una labor muy difícil: controlar los pasos fronterizos con las cinco naciones vecinas, lo cual se ha constituido en una misión prácticamente imposible hasta ahora. Esto se puede comprobar por la mercadería ilegal que se vende en los mercados de las capitales de departamento.

Los volúmenes de productos importados de contrabando superan la capacidad de demanda del mercado interno y, a la vez, presionan por ingresar a los países vecinos, como es el caso de la ropa usada. Una demostración de que la Aduana no puede realizar su trabajo de manera eficiente es la cantidad de este tipo de vestimenta que ingresó al país durante el periodo en que estuvo prohibida su importación. Nunca se había visto tanta mercadería en las calles, sobre todo en las fronteras, como cuando la importación estuvo prohibida.

Las pruebas de que la entidad aduanera nacional no se abastece son abrumadoras. Se calcula que todos los años parten hacia Argentina 5.000 toneladas de hojas de coca, en una exportación que no está registrada por el INE y que, por supuesto, no paga aranceles. Ni qué decir de los cargamentos de coca con valor agregado que salen todos los días.

Lo mismo ocurre con miles de garrafas de GLP que salen todos los días rumbo a Perú en una exportación ilegal que, además, contiene una subvención estatal. Para controlar este contrabando, la Aduana pidió auxilio a la Policía y al propio Ejército, pero el ejército de contrabandistas pudo más.

Miles de ciudadanos viven del dinero que ganan por la venta de garrafas bolivianas en Perú, y esto queda en evidencia cuando el Gobierno los presiona para que dejen de llevar a otro país un combustible subvencionado. Algo parecido ocurre con el diesel o la propia gasolina, que tienen precios subvencionados.

Ahora, a la Aduana se le encargó una tarea especial: evitar la salida de aceite comestible. Este trabajo debería ser más fácil, tomando en cuenta que las exportaciones de aceite son operaciones legales y generalmente están incluidas en tratados internacionales, como sucede con la Comunidad Andina; además, los importadores extranjeros suelen estar mejor controlados y manejar su documentación con todas las de la ley.

La Aduana tiene serias limitaciones, a las que se suma el problema de los altos niveles de desempleo en el país y en otros vecinos, lo cual lleva a mucha gente a caer en el contrabando. Al Gobierno no le queda otra opción que alentar las inversiones para ayudar a crear empleos decentes y evitar el trabajo ilegal.