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El Ejecutivo aprobó el miércoles 16 el Decreto Supremo 29519 que tiene por objeto regular la competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyen negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad, a través de mecanismos adecuados a ser ejecutados por el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) y la Superintendencia de Empresas.

Ayer, luego de cuatro horas de análisis, los ejecutivos de la CAO, Mauricio Roca; de Cainco, Eduardo Paz; de Cadex; Ramiro Monje; de la Cámara de Transporte del Oriente, Róger Rivero y de la COD, Edwin Fernández, rechazaron el decreto por considerarlo que atenta contra el sector productivo y puede llevarlo a la ruina. “Es un decreto mentiroso y peligroso. El Gobierno sólo ejecuta medidas con trasfondo político que le hacen daño al país y a las familias que viven de la cadena productiva. Por eso mantenemos la emergencia y llamamos a una gran reunión, incluyendo a los trabajadores para tomar las medidas que el caso aconseja”, dijo Mauricio Roca.

Para el titular de la Cadex, Ramiro Monje, el Decreto 29519 no es otra cosa que una intervención directa a las empresas para acabar con la producción, por lo tanto cada vez se aleja más la posibilidad de un diálogo con el Gobierno, “porque lo de la franja de precios es otro engaño”. Entre la dirigencia fabril que asistió ayer a la reunión de los sectores productivos, adelantaron que hoy propondrán iniciar una huelga masiva de hambre de carácter indefinido. Redacción Santa Cruz

PROYECTOS DE LEY

Equilibrio • Eduardo Paz, presidente de Cainco, informó que la institución que preside elaboró anteproyectos de ley que contempla medidas equilibradas que harán práctica la protección al consumidor.

Riesgo • El ejecutivo dijo que el Decreto Supremo 29519, aprobado recientemente por el Gobierno, sienta las bases para un intervencionismo a las empresas y más centralismo.