El MAS procesa al Prefecto y a los vocales cruceños Los cívicos de San Julián denunciaron a los vocales de Santa Cruz por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y sedición, entre otros. El Gobierno presentó un amparo contra la primera autoridad de esa región.
ACTIVIDAD FEBRIL • En la Corte Electoral cruceña empaquetan el material de la consulta. Fue ayer.
El Poder Ejecutivo y los movimientos sociales afines al MAS decidieron apelar a la justicia para frenar el referéndum cruceño del 4 de mayo. Ayer, en Sucre, demandaron un proceso penal en contra de los vocales de la Corte Electoral de Santa Cruz y, en la capital oriental, plantearon un amparo constitucional en contra del prefecto Rubén Costas, por la convocatoria a la consulta.
El presidente del Comité Cívico de San Julián, afín al MAS, Gualberto Martínez, y el dirigente de la Central Obrera Departamental, Lucio Vedia, denunciaron ante la Fiscalía General de la República a los vocales de la Corte cruceña, a quienes acusan de haber cometido los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, emitir resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y por complicidad en el delito de atribución de los derechos del pueblo.
Los demandados son los cinco vocales de Santa Cruz de la Sierra (Orlando Parada, José Zambrana, David Antelo Gil, Fernando Castelo y José Antonio Ayala) y los cuatro de provincias: William Padilla, Sonia Roca, Santos Gomes y Ada Ofender Mejía.
El abogado de los demandantes, Gonzalo Trigoso, dijo que el objetivo es que el Fiscal General “asuma medidas inmediatas para evitar que se lleve adelante el referéndum del 4 de mayo”.
Argumentó que ese día podrían presentarse enfrentamientos, “quién sabe hasta derramamiento de sangre“, lo que dijo que se pretende evitar con la demanda.
En el memorial se denuncia que los vocales emitieron resoluciones contrarias a la Constitución, basándose en las acciones ilegales del prefecto Costas, quien convocó al referéndum sin tener la competencia y legalidad.
También los acusan de sedición porque los “vocales en forma abierta, pública y hostil se oponen al cumplimiento de las leyes y la CPE, lo que viene provocando un trastocamiento en el orden público y un llamado a la desobediencia general”.
Hasta ayer, no se conoció la palabra oficial del Ministerio Público, toda vez que el fiscal Mario Uribe se hallaba fuera de Sucre.
Paralelamente, el director general del Ministerio de la Presidencia, Óscar Cámara, quien llegó a Sucre acompañando a la delegación de San Julián, informó que ayer, en Santa Cruz, se presentó ante la Corte Superior un amparo constitucional en contra del prefecto Rubén Costas.
La denuncia es contra la Resolución 010/2008 del 30 de enero, mediante la cual Costas dispuso la convocatoria a referéndum para la ratificación y puesta en vigencia del estado autonómico, fijando como fecha el 4 de mayo.
En las próximas horas, este caso será sorteado y una de las salas cruceñas fijará fecha y hora para conocer la demanda.
Cámara sostuvo que se impugnó la Resolución Administrativa 010/2008 y luego se recurrió una revocatoria que fue rechazada por la justicia cruceña. Indicó que ahora se exige al Prefecto que, cumpliendo las normas, remita el caso a la autoridad de mayor nivel jerárquico, que en este caso es el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, paso que habría sido omitido.
Entretanto, en La Paz, el canciller David Choquehuanca anunció que hoy viajará a Estados Unidos, donde explicará el curso del proceso cruceño a los representantes de la OEA y de la ONU. Redacción Sucre
Campaña contra la consulta
Un grupo de ciudadanos de la ciudad de El Alto protagonizó ayer en la mañana una marcha de rechazo al referéndum cruceño del 4 de mayo, en medio de amenazas contra los promotores de este proceso.
“Estamos en emergencia, terminaremos expulsando a los logieros“, advirtió uno de los movilizados, quien ocultó su rostro con un pasamontañas.
Mientras tanto, el oficialista prefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar, convocó a los residentes orureños en Santa Cruz a no participar en la consulta.
´Estamos realizando reuniones cruzadas para que los residentes, que son 10.000, hagan una resistencia pacífica“, señaló.
En la misma línea, un grupo de gremialistas afines al oficialismo protagonizó ayer una marcha por las principales calles de Santa Cruz, convocando a no participar en el referéndum.
La marcha, de la que luego la gubernamental agencia de noticias ABI distribuyó fotografías, concluyó con agresiones contra periodistas y transeúntes.
Los Ponchos Rojos también convocaron a no votar ese día.