• INDUSTRIA • El ingreso a las instalaciones de la fábrica de aceite ADM SAO, en el Parque Industrial de Santa Cruz.

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“Hemos empezado la investigación y estamos recolectando información en el tema de precios internos y externos; eso nos permitirá ver si hubo factores que atentaron la libre competencia”, dijo la autoridad sectorial durante un encuentro con miembros del Tribunal de la Competencia de Chile, que llegaron a Bolivia para coadyuvar en la formación de recursos humanos para la aplicación del Decreto de Defensa del Consumidor.

La investigación a las aceiteras se realiza en el marco del Decreto Supremo 29519, que regula la competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado. “Lo que tenemos que ver es si hubo razones para el alza de precios o si esto tiene que ver con la colusión, que se refiere a cuando las empresas se ponen de acuerdo para afectar a un tercero”, explicó.

Aseguró que no existirá ningún tipo de sanción si en las investigaciones se concluye que los precios subieron debido a los insumos, el transporte u otros.

El gerente comercial de Industrias Oleaginosas SA (IOL), Juan Kudelka, dijo que hasta anoche desconocía si el ente regulador había solicitado alguna información a la empresa.

En todo caso, aseguró que el precio del litro de aceite se incrementó en el mercado, porque se elevaron los precios de las materias primas. “Si la materia prima sube, también sube el costo de producción y, por lo tanto, se incrementa el precio; esa es la única justificación”, sostuvo.

Según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, en las últimas semanas el precio de la soya cayó a nivel internacional, por lo tanto bajó el costo de producción del aceite. “Los precios no han bajado por los decretos aprobados por el Gobierno; esa es una mentira”.

De su parte, la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, aseguró —según un boletín de prensa— que el precio de la soya en Bolivia “siempre fue más barata que a nivel internacional”.

Con relación al anuncio de los empresarios, de demandar de inconstitucionalidad el Decreto 29519, Morales dijo sentirse preocupado porque la norma favorece al libre mercado y de ninguna manera es un atentado.

“He hablado con la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) para que no hayan malos entendidos”, señaló el Superintendente de Empresas.