Está claro que el aumento de la violencia amerita, de una vez por todas, un tratamiento serio por parte del Gobierno, con la participación activa de la sociedad en su conjunto. Pero, también, faltan acciones contundentes para atacar el drama de los accidentes de tránsito.
NEos tipos de hechos policiales vienen dando que hablar en los últimos tiempos y son motivo de extremada preocupación en Bolivia. Por un lado, los asesinatos de efectivos del orden y, por el otro, el fallecimiento de turistas extranjeros como consecuencia de accidentes de tránsito.
La inseguridad en el país está alcanzando niveles impensados, al punto de que los mismos responsables de resguardar el orden, los policías, resultan como una de las principales víctimas de los delincuentes.
El domingo, tres policías bolivianos fueron acribillados por dos ciudadanos brasileños en Ascensión de la Frontera, límite fronterizo de Santa Cruz con el vecino país, presuntamente por una venganza puesto que ambos habían sido detenidos por los uniformados unos días antes cuando intentaban introducir una moto a Bolivia.
El caso provocó una gran conmoción poco tiempo después de que, el 13 de abril, otros dos policías fueran atacados y muertos a tiros en la comisaría del estadio Tahuichi Aguilera, que custodiaban. Un grupo de delincuentes irrumpió en el lugar con el objetivo de rescatar a un jefe de pandilla conocido como El Valluno, luego de que éste fuera arrestado por robar una cadena de plata a la novia de otro pandillero.
Sin embargo, un suceso aún más grave, por sus connotaciones sociales e institucionales, sacudió a la población boliviana. El 26 de febrero, en Epizana, Cochabamba, tres policías fueron asesinados por una turba de 300 personas que los acusaban de extorsionar a los conductores de la zona en un puesto de control.
Hasta marzo, se contabilizaron 41 situaciones de ajusticiamientos o linchamientos en el país, la mayoría en Cochabamba, departamento al que le siguen Santa Cruz y El Alto. En todo el año pasado hubo 57 en el territorio nacional.
Está claro que el aumento de la violencia amerita, de una vez por todas, un tratamiento serio por parte del Gobierno, con la participación activa de la sociedad en su conjunto. Pero, también, faltan acciones contundentes para atacar el drama de los accidentes de tránsito.
La inobservancia de la señalización en las carreteras, la imprudencia de los choferes de vehículos de transporte público y privado, las malas condiciones del tiempo, problemas mecánicos y el estado de ebriedad de los conductores suelen ser las causas de la mayoría de los incidentes viales en las rutas del país.
Uno de los más graves ocurrió el jueves en el salar de Uyuni, donde un choque frontal se llevó la vida de 13 personas, de las cuales 10 eran ciudadanos extranjeros: cinco japoneses y cinco israelíes.
Por otro lado, la fatalidad continúa a la orden del día en la denominada ´ruta de la muerte´. Doce turistas foráneos perecieron entre marzo y abril por accidentes registrados en el camino a Yungas, mientras practicaban el deporte de bicimontaña: varios cayeron a precipicios y otros protagonizaron colisiones con vehículos que transitaban por esa estrecha vía del departamento de La Paz.
De acuerdo con las estadísticas que maneja la Policía Nacional, en promedio, desde el inicio de este año, los accidentes vehiculares han matado al menos una persona cada día en la sede de gobierno o en las provincias paceñas.