• Los bomberos, armados con extintores, trataban ayer de controlar el fuego en el edificio que aloja al Canal 24, en la ciudad de El Alto. En el interior, se logró apagar el fuego con agua del carro policial antidisturbios Neptuno.

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Al denominado “Cabildo Popular” asistieron campesinos de las 20 provincias del departamento, representantes de la Fejuve alteña, alumnos de la Universidad Pública de El Alto. Además de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y otras organizaciones sociales afines al MAS, que declararon en esta concentración su rechazo a los medios de comunicación “de los oligarcas”.

“No se puede permitir que las logias cruceñas y los medios de comunicación manipulen a su antojo a nuestro pueblo boliviano”, exclamó Rubén Mendoza, dirigente de la Fejuve de El Alto.

Por su parte, los representantes de los Ponchos Rojos amenazaron con expulsar del país, con sus chicotes, “a los terratenientes que ahora son dueños de los canales televisivos del oriente”.

Mientras la gente mostraba pancartas pidiendo paz y unidad nacional, los dirigentes en sus discursos pedían la expulsión a la fuerza de las logias cruceñas.

“Hay que mandarlos a sus países de origen, ellos no merecen ser bolivianos”, expresó en su discurso Bernardo Gutiérrez, dirigente de los Ponchos Rojos.

En esa línea, uno de los 16 artículos aprobados ayer por el cabildo alteño exige la inmediata expulsión del país del prefecto cruceño, Rubén Costas; del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic; y del responsable prefectural para las autonomías, Carlos Dabdoub.

Además, la resolución pide la creación del décimo departamento (Chaco) y declara a los movimientos sociales de La Paz en estado de emergencia. Las movilizaciones futuras serán definidas en una cumbre social, de la cual aún no existe fecha.

En la concentración, la multitud, impulsada por sus dirigentes, festejó las noticias que llegaban de Santa Cruz sobre la quema de ánforas de votación. El mismo gesto se apreció cuando declararon que se había quemado una movilidad de la Prefectura de Santa Cruz en San Julián por parte de grupos oficialistas.

La Razón observó en la concentración la presencia de funcionarios públicos, que recibían tickets de asistencia al cabildo.

Puntos de vista

“Flagrantes atentados a los medios”

JUAN JAVIER ZEBALLOS,
director ejecutivo de la ANP.

“Lo que ha ocurrido son flagrantes atentados a los medios de comunicación, hechos que el Gobierno está obligado a poner coto. No es posible que siga atentándose tan abiertamente contra los derechos humanos, eso demuestra una debilidad absoluta de la democracia con la que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) no está de acuerdo. La ANP pide y exige respeto a la democracia y a los derechos humanos. La libertad de prensa y la libertad de expresión están consagradas en la Carta Magna. Pedimos que el Gobierno y la Policía investiguen esas acciones que ya entran en el campo lo delictivo, y se abran procesos judiciales contra los responsables. Se está perdiendo las características propias de la democracia para entrar a las del autoritarismo”.

“No quieren que se informe”

RENÁN ESTENSSORO,
presidente APLP

“Este es un nuevo atentado contra la libertad de expresión por parte de grupos de intolerantes, que se ha repetido sistemáticamente en los dos últimos años y que ha dejado como saldo un temor por la preservación de la libertad de expresión. El día de hoy (ayer) no sólo ha sido agredido el Canal 24 de El Alto, también hemos registrado agresiones a periodistas y camarógrafos de diferentes medios: en el Plan 3.000 de Santa Cruz y la población de Yapacaní. Creemos que es el momento en que el Gobierno comience a concienciar a los grupos afines al MAS sobre la importancia de la labor de la prensa y permita que la esta labor se efectúe sin restricción alguna. Esta gente agrede a los trabajadores de los medios porque no quieren que se registre ni que se informe a la población sobre lo que está pasando en el país”.