• ORURO, 9-12-2007 • La bancada oficialista aprueba el nuevo texto constitucional, tras un año y cuatro meses.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

“Esta es una decisión orgánica del MAS, incluso de las organizaciones sociales, en coordinación y combinación con las direcciones políticas de cada región y departamento”, informó ayer a La Razón el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

Dijo que “esta es la respuesta a la consulta cruceña”, que el domingo 4 de mayo aprobó por más del 80% el Estatuto Autonómico.

Según el secretario ejecutivo de la oficialista Confederación de Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, los sectores sociales darán al Congreso “una o dos semanas“ para que apruebe los referendos constitucionales, antes de iniciar medidas de presión.

Además, anunció que sus afiliados en Santa Cruz, conjuntamente los otros sectores que se opusieron al referéndum, implementarán un plan de resistencia a la aplicación del Estatuto Autonómico departamental.

El diputado y subjefe de bancada del MAS, Jorge Silva, explicó que esperarán esta semana a que los prefectos de la oposición respondan a la convocatoria presidencial al diálogo y, si no lo hacen, se avanzará en el llamado a los referendos constitucionales, con la opción de apelar a una convocatoria parlamentaria o, en último caso, a una presidencial.

Aunque la Ley del Referéndum establece que las convocatorias a este tipo de procesos se deben realizar mediante una ley de la República, una resolución aprobada por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre del 2007 determina que el Presidente podrá convocar a los referendos constitucionales si el Congreso no lo hace en el plazo de un mes.

El senador y jefe de bancada del MAS en la Cámara Alta, Félix Rojas, confirmó que, de no avanzar el diálogo, en una semana se retomará el debate sobre los referendos constitucionales y anunció que su bancada analizará la posibilidad de plantear un nuevo proyecto de ley de convocatoria para que los referendos dirimitorio y de aprobación del nuevo texto constitucional se realicen de forma separada.

El 28 de febrero, el oficialismo aprobó una ley de convocatoria que juntó ambas consultas en una sola, pero su aplicación quedó paralizada por una resolución de la Corte Nacional Electoral, que observó vacíos legales. Según Rojas, la aprobación de una nueva ley resolvería este problema.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Luis Vásquez (Podemos), anticipó que bloquearán cualquier intento de retomar este tema, si antes no existen consensos sobre el nuevo texto constitucional. “Será viable si hay consenso político”, dijo.

La Ley del Referéndum establece que las convocatorias se aprueban con dos tercios de voto del Congreso, porcentaje que ni el oficialismo ni la oposición pueden lograr por sí solos.

Silva insistió en que, si no hay viabilidad en el Legislativo, se apelará al Presidente. “La primera opción la tiene el Congreso, si no se avanza, sería el Ejecutivo”.

El senador Carlos Börth (Podemos) indicó que “sin diálogo no hay posibilidad de una sesión para destrabar el referéndum” y Fernando Messmer advirtió con un nuevo cerco al Congreso.

Nagatani plantea ley de autonomías

Ante las dificultades del diálogo entre regiones y el Gobierno, el diputado del MNR, Michiaki Nagatani, planteó ayer la posibilidad de encaminar una salida política y legal mediante la aprobación concertada de una ley de autonomías.

“Si seguimos con las peleas regionales, lo mejor que podemos hacer es avanzar en una ley de autonomías, que dé pautas básicas a cada uno de los departamentos”, justificó.

Para el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Luis Vásquez (Podemos), esta salida es inviable por la ausencia de una base constitucional.

El oficialismo y la oposición no lograron, hasta el momento, encontrar una salida a la crisis política. En los últimos días, el Gobierno puso en duda la imparcialidad del cardenal Julio Terrazas en la labor de facilitación del diálogo de la Iglesia.