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Los oriundos y residentes de La Paz, desde el momento en que ésta se ha constituido en la capital política del país, asumieron el tácito compromiso de liderar a la sociedad boliviana en momentos claves para el desarrollo integral, ejercitando su derecho a opinar y a manifestarse sobre el acontecer nacional.

Muchas veces inclusive llegaron a tomar decisiones dramáticas —y hasta trágicas— sobre los derroteros que debía seguir el país. Así, en unas ocasiones pudieron haber acertado y en otras equivocarse, pero jamás dejaron de ser protagonistas de primera línea en la historia de Bolivia.

Hoy, sin embargo, se les está negando ese protagonismo. Peor todavía, se les impide, por medios violentos, siquiera realizar demostraciones a favor de la reconciliación de los bolivianos, como ha quedado demostrado en varias oportunidades en las que sufrieron ataques de grupos de choque de los movimientos sociales ligados al partido de Gobierno.

La situación está llegando a extremos impensados, porque tampoco se permite a la ciudadanía reunirse para orar por la paz, a menos que lo haga casi ocultándose, como ocurrió en días pasados en un hotel de la zona Sur de la ciudad.

Este sometimiento a parte de la sociedad paceña, señalada por algunos movimientos sociales del MAS como de la clase media y alta, no condice con el actual sistema democrático de Gobierno que encabeza el presidente Evo Morales, quien el año 2005 fue elegido a través del voto por la mayoría de los bolivianos, en una muestra de libertad plena.

El hecho de que grupos de choque del Movimiento al Socialismo (MAS) disuelvan a golpes y palos reuniones de ciudadanos bolivianos en lugares públicos de La Paz, aunque se tratara de manifestaciones contrarias al Gobierno, implica un grave error del oficialismo, que de esa manera ha dado serias muestras de intolerancia y autoritarismo no sólo a Bolivia, sino al mundo.

Varias de esas afrentas se produjeron en la plaza Abaroa, un lugar altamente simbólico para el país, porque allí se erige el monumento al héroe máximo de los bolivianos, Eduardo Abaroa, quien dejó su vida en el puente del Topáter por defender la integridad territorial cuando Chile terminó por apoderarse, mediante una guerra no declarada, de la costa marítima de Bolivia. Por ese motivo y por respeto a la población civilizada, esa plaza de la zona de Sopocachi no puede ser convertida en un campo de batalla y, menos, en un reducto de la represión.

La Constitución Política del Estado en vigencia reconoce entre los derechos fundamentales de las personas los de reunirse y expresar libremente sus opiniones.

Entre los contenidos más expresivos de la Proclama de la Junta Tuitiva que emergió de la rebelión paceña del 16 de julio de 1809, se puede leer lo siguiente: “Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria”. La intolerancia que se advierte en la actualidad podría desembocar en ese mismo cansancio de los paceños por el maltrato que reciben en su propio suelo. Cuando se practica la política y se ejerce el poder, habría que ser cautos y no olvidar la historia.