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El Gobierno debe tomar en cuenta que los estatutos aprobados en Santa Cruz, además de los que con probabilidad se convalidarán en Beni, Pando y Tarija, estarán sujetos a un marco constitucional, que es el que todos esperan cuando se produzca su asentimiento a nivel nacional.

Se ha entrado en una situación riesgosa, si desde un lado el Gobierno exige legalidad a los departamentos —a través de la Corte Nacional Electoral y del propio Presidente— y del otro las regiones piden una Constitución legal, para que el régimen de las autonomías no sea burlado como se quiso hacer desconociendo la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Es innegable que las aspiraciones autonómicas que vienen desde el oriente no son nuevas y que Santa Cruz las ha liderado desde hace mucho tiempo. Y evidente, además, que la precipitación en imponer las autonomías se debe a que por lo menos cuatro departamentos se encuentran absolutamente desencantados con el “cambio” anunciado por el Movimiento al Socialismo (MAS), y que otros dos, por los mismos motivos, están buscando la manera de insertarse en un régimen autonómico que parece no detenerse.

Lo que ocurre es que, en los últimos años, con el incremento de la pobreza, el encarecimiento de la vida, la falta de empleo y la emigración, la sociedad se ha lanzado a la búsqueda de soluciones democráticas que le señalen un mejor futuro. Por eso, las corrientes autonomistas están en boga, justamente cuando el desorden institucional se torna generalizado y cunde el desasosiego.

El proceso de cimentación de las autonomías debía haberse desarrollado con mayor calma, encuadrado en marcos irrefutablemente legales. No obstante esto, el resultado del referéndum cruceño no puede ser objetado, tomando en consideración la contundente muestra de legitimidad que demuestran los votos contabilizados por el Sí a los estatutos.

El Presidente de la República, en vez de limitarse a impugnar los comicios del domingo con el argumento de la ilegalidad, prefirió afirmar lo que no se puede sostener con cifras: que perdió la autonomía, que perdió el Sí.

Asegurar eso cuando en Bolivia estaba presente, atestiguando, la prensa internacional, es entrar en un terreno muy complejo. Además de que también las representaciones diplomáticas acreditadas en el país siguieron de cerca la votación para informar a sus respectivos gobiernos.

Por si eso fuera poco, el ex vocero presidencial Álex Contreras, antiguo colaborador cercano al Palacio de Gobierno, ha hecho un llamado al Primer Mandatario para que reconozca el triunfo cruceño y llame de inmediato a un diálogo.

El Gobierno no puede desconocer que una parte de los bolivianos está a las puertas de aprobar sus estatutos al estar de acuerdo con avanzar hacia la descentralización del poder nacional.