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La Ley de Referéndum Revocatorio de Mandato Popular, sancionada por el Senado esta semana, ha desatado una polémica entre políticos, analistas y abogados constitucionalistas, algunos de los cuales opinan que se trata de una norma anticonstitucional, mientras que otros sostienen que no tiene ningún vicio técnico legal. Más allá de este debate, con esta decisión, el sistema político sólo ha logrado devaluarse aún más de lo que estaba al transferir al soberano la responsabilidad de solucionar la profunda crisis nacional.

En el aspecto técnico, la Constitución Política del Estado (CPE) en vigencia no prevé la figura de la revocatoria del mandato. En rigor, tomando en cuenta los artículos 68, inciso 4º, y 93, inciso III, sólo es posible un cambio de Presidente y de Vicepresidente de la República, así como de los prefectos, por tres razones: renuncia, vacancia y muerte. La razón de la muerte, obviamente, está sobreentendida en la CPE.

El propio viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, observó el viernes la ley sancionada por la Cámara Alta, al señalar que incluía a Chuquisaca pese a que ese departamento no tiene prefecto titular. No obstante, más tarde, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, desautorizó a su colega indicando que la ´ley no tiene ningún vicio´ legal.

También el abogado Willman Durán, ex magistrado del Tribunal Constitucional, defendió la legalidad de la norma con el fundamento de la Sentencia Constitucional 0069/2004, con la que el Tribunal, el 14 de julio de 2004, se pronunció a favor del Decreto Supremo 27449, por el cual el ex presidente Carlos Mesa convocó al referéndum del gas.

Según Durán, en ese entonces los magistrados entendieron que un formalismo, como era la inexistencia de una ley marco del referéndum, no podía obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental, como el del voto. El ex tribuno, en ese sentido, afirmó que el mismo caso puede aplicarse para la situación presente, en la que no está prevista la figura del referéndum revocatorio.

La discusión jurídico-legal, sin duda, ocupará todavía varias columnas de periódicos y largos minutos de radio y televisión. En lo estrictamente político, de promulgarse la ley, tal como lo anunció el presidente Evo Morales, la decisión de llevar a la población a las urnas no resolverá la crisis. Ni uno ni diez referendos solucionarían el problema de fondo: lo que el país necesita es que las partes enfrentadas zanjen sus diferencias con un contrato social, de cara al pueblo boliviano.

Por otra parte, los esfuerzos que se piensa invertir en el referéndum revocatorio deberían ser canalizados en un diálogo político y en una agenda productiva. Esto es lo que espera el ciudadano de a pie, que en estos días se encuentra acuciado por la presión inflacionaria y que, después de tantas idas y venidas, reclama una urgente salida a la crisis generalizada.

En definitiva, queda la sensación de que oficialistas y opositores actuaron sin plena conciencia de sus actos, quizá con mezquindad, para ganar tiempo con miras al futuro panorama electoral. Y lo hicieron a sabiendas de que, en este momento, no existe un órgano rector electoral confiable y menos una institución que vele por el respeto de la constitucionalidad, debido a la falta de magistrados del Tribunal Constitucional.