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Hasta diciembre del año pasado, el monto adeudado por ese concepto a las empresas exportadoras del país sobrepasaba los 410 millones de bolivianos. En este momento, sería de Bs 700 millones, una cantidad equivalente a más de un año de exportaciones que no recibieron esos certificados.

Los Cedeim son importantes porque, gracias a ellos, el sector exportador puede recuperar si no todos, al menos una parte de los impuestos que paga en el proceso de producción.

En un determinado momento, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz advirtió cierta voluntad política del Presidente de la República para cancelar la deuda por concepto de Cedeim, pero también denunció que el ministro de Hacienda, Luis Arce, se oponía a esta devolución, violentando la ley.

Según los exportadores del país, con esta actitud, el Gobierno viola el principio mundial de neutralidad impositiva, reconocido por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En estas condiciones exportar, en Bolivia, termina siendo un verdadero acto de heroísmo. Y no sólo por la no devolución de Cedeim; basta con recordar el obstáculo que ha representado la medida gubernamental de prohibir las exportaciones de aceites.

Porque el exportador no solamente debe enfrenar los problemas de todos los productores, como el encarecimiento de los insumos, legislaciones complicadas, inseguridad del transporte, dificultades financieras o la incertidumbre que en esta época afecta a toda actividad económica en el país. También debe sortear la cuestión impositiva que, sin un decidido apoyo estatal, como en este caso, puede convertirse en una pesada carga por el incremento de los costos.

Precisamente para resolver el tema de los impuestos se ha creado el Cedeim, pero resulta que ahora también esto se ha convertido en un problema: el Ejecutivo, innecesariamente, mantiene un retraso en la entrega de esos certificados.

El Gobierno nacional ha anunciado que dispone de 180 millones de bolivianos para ese propósito, lo que no representa ni siquiera un tercio del monto devengado.

Si se decidiera mantener en vigencia el esquema de los Cedeim, sería conveniente que el Poder Ejecutivo los aplique de manera correcta y oportuna. Se pretende reflejar una imagen de que los exportadores recibirían un favor con esta medida, pero, en realidad, se trata de una obligación contraída por el Estado. Los Cedeim tienen respaldo legal en el Decreto Supremo 25465, del 23 de julio de 1999, que fue modificado el 2001 y 2002 por los decretos 26397 y 26630, respectivamente.

En algunos casos, la deuda tiene un retraso de más de 24 meses. Por ejemplo, Ametex, la exportadora de textiles y generadora de una gran cantidad de empleos en el país, espera una devolución de 5,5 millones de dólares.

La no devolución de Cedeim se puede interpretar como una conspiración en contra de la producción, de las empresas nacionales y, finalmente, de las fuentes de trabajo que los empresarios privados generan con mucho esfuerzo en todo el país.