En esa agenda no aparece un tema que, hoy por hoy, convendría incluir antes de que, en lugar de un acuerdo, se concrete un gran error nacional: el referéndum revocatorio. Cada vez más, oficialistas y opositores coinciden en que la consulta no resolverá la crisis.
Este es el tiempo de concertar un gran acuerdo nacional, partiendo del principio de que la mayor obligación de todos es precautelar la unidad del país. Así lo ha planteado La Razón el domingo en este mismo espacio, sustentado ese punto de vista en la motivación de que ninguna ideología, ningún sentimiento sectario o regional debe ser más importante y responsable que conservar la heredad boliviana.
El diálogo debe ser integral, es decir, debe abarcar todos los temas que están ocasionando confrontaciones políticas, regionales y sociales, inseguridad e inestabilidad. En estas condiciones, en un ambiente de intolerancia y de beligerancia permanente, ni el Gobierno puede administrar bien el país ni la población está dispuesta a seguir siendo castigada.
Otro requisito indispensable para crear las condiciones propicias que requiere un diálogo, si verazmente el Gobierno nacional y las prefecturas de los departamentos opositores están dispuestos a sostenerlo, es suspender todas las campañas publicitarias y, de forma paralela, que todas las instancias del poder dejen de agredir, maltratar e insultar al contrario.
El fin de semana, tanto el presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García han iniciado una agresiva campaña, a través de discursos en público, con el propósito de que la ciudadanía les ratifique su confianza en el referéndum revocatorio del 10 de agosto.
También se debe reconocer plenamente el referéndum del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, cuya legalidad está en entredicho pero nadie puede desconocer su legitimidad. De lo contrario, el diálogo no sería viable, por la defección que se produciría de los cuatro departamentos que, mediante otro referéndum, ganaron el derecho de ser autónomos.
Por otra parte, el Ministerio de la Presidencia publicó el domingo las bases que habrían acordado el Presidente de la República y los cinco prefectos en su reunión del 12 de mayo en el Palacio de Gobierno. Aquella vez, los cuatro prefectos restantes (de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) enviaron una carta en la que no sólo justificaron las razones de su inasistencia, sino se mostraron a favor de otros encuentros.
En dicha reunión estuvieron presentes un enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA) y delegados especiales de Argentina, Brasil y Colombia, además de representantes diplomáticos de estos países acreditados en Bolivia.
Según el Gobierno, se han concertado ocho puntos básicos, destinados a preparar las condiciones para un gran acuerdo. Sin embargo, en esa agenda no aparece un tema que, hoy por hoy, convendría incluir antes de que, en lugar de un acuerdo, se concrete un gran error nacional: la idea —convertida en ley— del referéndum revocatorio. Cada vez más, oficialistas y opositores coinciden en que la consulta convocada para agosto no resolverá la crisis política que agobia a la nación.
La Razón, en su editorial de hace dos domingos, señaló que el país no necesita un revocatorio: los esfuerzos deberían canalizarse en un diálogo responsable y en una agenda productiva.
En ese sentido, para el encuentro político, debe haber un consenso previo. Si se hubiese aprendido de las experiencias recientes, quienes se sienten a la mesa del diálogo no tendrían que recaer en un improductivo show mediático.