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El caso se conoció después de que una mujer que no pudo pagar el trabajo permaneció encerrada en el consultorio tres días. Cuando la Fiscalía la halló, encontró además cerca de 300 papeles en blanco con firmas de otras mujeres que se habían sometido a un legrado en el lugar.

“Son más de 300 mujeres. 300 es poco, porque es un file con los nombres, apellidos, firmas, número de sus cédulas de identidad. Incluso algunas que no han podido terminar de pagar han dejado en prendas sus cédulas de identidad, que no han recogido hasta la fecha”, informó ayer la fiscal de materia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Patricia Oblitas.

Oblitas dijo que en el secuestro de las evidencias, realizado el domingo en el consultorio de Racheli Pérez Arias, acusada de realizar los abortos, también se encontraron documentos de casas de empeño, en las que Pérez dejaba cámaras filmadoras, fotográficas y celulares por valor de hasta Bs 500, según el caso.

En el lugar también se hallaron cédulas de identidad. “Las mujeres dejaban cosas; y obviamente después de realizarse el aborto, no volvían a recoger”.

El domingo, M.P. (42) recurrió a Pérez para realizarse un aborto con más de cuatro meses de gestación. Como M.P. no tenía dinero suficiente para pagar, Pérez la encerró en su consultorio por tres días. Dejó junto a ella una bolsa negra que tenía dentro al bebé que le había extraído.

Pérez, de quien se estableció que no es médico, pues usaba el número de registro de otro galeno para realizar las intervenciones, llenaba las hojas en blanco según su conveniencia si es que alguna de sus pacientes reportaba algún tipo de complicaciones.

Se presume que Pérez aprendió a realizar los legrados de su esposo, que sí es médico.
La fiscal que intervino el consultorio de la supuesta médico y la clínica Génesis, donde se realizan los abortos, contó que en este último hallaron cuatro hojas de autorización de abortos que llevan la firma de Óscar Peredo, otro médico de quien Oblitas no tiene mayor información.

La autoridad añadió que el marido de Pérez, Víctor Hugo Reynaga, y su ayudante en el consultorio, Livia Ledezma, no tienen ninguna especialidad en medicina, según un informe del Colegio Médico de Bolivia.

No obstante, en las tarjetas de presentación de Reynaga, que se hallaron en el consultorio, se lee que es “médico cirujano”.

“Se le mandó una citación a Reynaga para la audiencia de medidas cautelares, sin embargo no fue a declarar. Por su parte, Ledezma dijo que ella trabajaba una semana y media con Pérez y que el día de la práctica de aborto a M.P., ella sólo ayudó a tomarle la presión”, señaló la fiscal Oblitas.

Según el artículo 263 del Código Penal, la práctica de aborto tiene una pena de al menos tres años de privación de libertad, tanto para la persona que lo ejecuta como para la paciente.

QUÉ DICE LA NORMA

Para la practicante • El Código Penal establece de dos a seis años de encierro para quien practique un aborto sin consentimiento de la mujer o bien a una menor de edad. Cuando hay consentimiento, la pena se reduce de uno a tres años.

Para la mujer • La mujer que se somete voluntariamente a un aborto, también es castigada con uno a tres años de reclusión (artículo 262 del Código).

HALLAZGO • M.P fue encontrada en el consultorio de Pérez, después de tres días de permanecer encerrada.