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La sola intención del Gobierno nacional de participar en los actos oficiales del 25 de Mayo movilizó a cientos de personas, la mayoría universitarios, para impedir la llegada del presidente Evo Morales, lo que desencadenó una nueva versión de la violenta pugna político-regional que, entre el 24 y el 26 de noviembre del 2007, dejó tres muertos y más de 300 heridos.

En esta oportunidad, grupos radicales tomaron de rehenes a unas 20 personas, las obligaron a quitarse la ropa y a arrodillarse frente a la Casa de la Libertad. Allí, luego de hacerles besar la bandera chuquisaqueña, las forzaron a jurar que renunciarían al MAS. Ángel Vallejos, alcalde de Mojocoya, un municipio rural, tuvo que besar el suelo de la plaza 25 de Mayo.

Tampoco los militares se salvaron de la barbarie que se vivió principalmente el sábado en la capital. Un sargento del Regimiento Sucre II de Infantería, en el momento de una deshonrosa retirada del estadio Patria, fue obligado a dirigir su tropa con la bandera de Chuquisaca en alto.

Estos actos cobardes partieron de un grupo no mayor al centenar de jóvenes, pero más tarde creció hasta cubrir no sólo la Casa de la Libertad, sino también la zona de El Abra, en el camino a Tarabuco.

Es probable que, al igual que en noviembre del año pasado, estos irascibles hayan escapado del control de la dirigencia del Comité Interinstitucional, que nació con la misión de encabezar la reivindicación de la capitalidad plena y que, al no lograrlo, continuó con su rol de entidad aglutinadora de las demandas regionales. Pero, aquello no exime de responsabilidades a los líderes de este movimiento chuquisaqueño contrario al gobierno del MAS.

Si bien los dirigentes del Comité pueden no haber mandado a cometer actos violentos, ellos, quizá inconscientemente, prepararon el ambiente para que parte de la población reaccionara inapropiadamente frente a los campesinos y otros adeptos al oficialismo. En los días anteriores a la efeméride departamental, con poco tino, advirtieron a las autoridades nacionales que no serían bienvenidas en Sucre.

Por último, desde la constitución del Comité, el control de toda manifestación vinculada con los reclamos de Chuquisaca al Gobierno central es responsabilidad de los líderes de esa instancia regional, es decir, de su presidente Jaime Barrón y de su vicepresidente Jhon Cava. El Gobierno, de su lado, hizo mal en recaer en su costumbre de trasladar campesinos para conformar una guardia sindical. Bien sabe que, en el juego mediático, la batalla de la opinión pública la gana el que sufre víctimas.

El desentendimiento entre Chuquisaca y la administración de Evo Morales no es nuevo: acaba de cumplir seis meses, sin atisbos de una solución. Tal vez esta nueva penosa experiencia sirva para acercar a las partes y buscar una conciliación.

En definitiva, el Ejecutivo nacional tiene la obligación de recomponer esta relación, antes de que el mal ejemplo cunda y la violencia rebalse a otros departamentos del país.