Venden diesel con vales para el contrabando El Superintendente de Hidrocarburos comprobó en un operativo que hay surtidores que entregan vales y restringen la venta del producto. Anuncia duras sanciones para los infractores.
ESCASEZ • Ayer se vieron estas filas en el surtidor Volcán de la avenida Montes.
La Superintendencia de Hidrocarburos denunció ayer que en algunas estaciones de servicio ubicadas entre El Alto y la localidad de Copacabana se vende diesel con vales, para luego desviar este combustible al contrabando, especialmente hacia el Perú.
El superintendente del sector, Guillermo Aruquipa, realizó el fin de semana un operativo, donde comprobó que tres gasolineras no querían vender diesel, a pesar de que tenían el carburante almacenado en el surtidor.
“Cuando llegamos (a una de las estaciones) nos dijeron que no hay diesel. Les dije: ‘de acuerdo, vamos a verificar’. Entonces ellos dijeron que sí había. Entonces pregunté: ‘¿hay o no hay?’. Y respondieron ‘hay, pero solamente con vales’”, relató Aruquipa durante una rueda de prensa.
El fin de semana, La Razón pudo comprobar que en la localidad de Puerto Acosta, donde se realizan ferias los miércoles y los sábados de cada semana, decenas de camiones de alto tonelaje transportan grandes cantidades de mercadería, entre las que están garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), diesel y gasolina, que son llevados al Perú.
El operativo realizado por la Superintendencia despertó la sospecha de que esa venta de diesel con vales se desvía al contrabando, puesto que Aruquipa comprobó que sí existe venta con vales en algunos surtidores.
El operativo se realizó luego de que los transportistas denunciaran que los vehículos que reciben el diesel mediante vales, transportan luego el combustible al contrabando. “Ojalá que no sea así, sería grave lo que denuncian los compañeros transportistas. Que esos famosos vales son para el contrabando. Y si verificamos eso, (las estaciones de servicio) tendrán que atenerse a las consecuencias”, advirtió.
Por ahora, explicó, la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) de la Superintendencia de Hidrocarburos impondrá las sanciones correspondientes a los surtidores que ocultaron el diesel. “Si es que al mismo superintendente (que estaba yendo) con un camión que lo estaba escoltando no han querido venderle, a cuántos ciudadanos no lo estarán haciendo. Si no hubiera sido superintendente, obviamente no me habrían vendido”, afirmó.
Al país le falta producción de diesel porque el petróleo boliviano es liviano y las refinerías sólo lo separan, no lo transforman en productos más pesados, como el diesel. Además de importar este carburante, el Estado también lo subvenciona. El 2007 se gastó alrededor de $us 150 millones.
Tanto falta el diesel que incluso en poblaciones como Jesús de Machaca, donde el Gobierno regaló tractores, no los pueden poner en marcha porque no hay diesel. “Cuando van a la estación de servicio de Guaqui o Desaguadero, siempre está vacía, pero en las noches están cargando; ésa es la denuncia que tenemos”, explicó el superintendente.
Pero también faltó gasolina. El domingo por la tarde, algunos surtidores registraron la falta de este combustible. Aruquipa dijo que no hay razón para tal situación y aseguró que si la responsabilidad es de YPFB, la superintendencia también puede sancionar a la estatal. “Algunos no recogen y dicen: YPFB no me autorizó. Estamos en condiciones de sancionar a YPFB si no ha entregado. No debería faltar para nadie”, aseguró la autoridad.
“Falta inversión en refinerías”
El ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda aseguró que mientras no existan inversiones para ampliar o modernizar las refinerías, seguirá faltando diesel en el país.
“La falta de diesel es una cosa crónica en Bolivia desde hace varios años y lo seguirá siendo mientras no se hagan grandes inversiones en refinación”, dijo el experto en hidrocarburos.
Explicó también que la falta de gas licuado continuará porque la producción no se incrementa, pero la demanda crece.
Para Miranda, la falta de gas licuado se solucionará con la construcción de la planta separadora en Río Grande, que YPFB ya licitó, aunque cree que ésta debería ser más grande, pues daría “de sobra para el consumo interno y para la exportación”.
También dijo que la gasolina no debería faltar. Si es así —aseguró— “quiere decir que la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) no está haciendo bien su trabajo”.
Se prepara una estrategia
El Gobierno prepara una nueva estrategia para evitar la salida ilegal de combustibles y alimentos hacia los países vecinos. Ayer, el presidente Evo Morales Ayma se reunió en el Palacio Quemado con las principales autoridades del sector energético, informaron a este medio fuentes del Poder Ejecutivo.
Una de las fuentes dijo que la nueva estrategia irá acompañada de una norma que permitirá aplicar medidas “mucho más duras contra el contrabando”. Consultado sobre el tema, el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, adelantó que el Presidente hará público en los próximos días un decreto que pretende convertir las fronteras bolivianas en una “muralla de acero” que impida el tráfico ilegal del GLP.
A la reunión en el Palacio asistieron el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas; el presidente de la Aduana, general César López, y el presidente de YPFB, Santos Ramírez.
Aduana no se pronuncia
A pesar de la constatación que hizo este medio de la falta de control en la frontera sobre la salida ilegal de alimentos y combustibles hacia el Perú, la Aduana Nacional (ANB) no se pronunció sobre este tema.
La Razón pidió ayer a la Dirección de Prensa de la Aduana una entrevista con el general César López para conocer las medidas que llevará adelante esa repartición estatal en su lucha contra el contrabando.
Los funcionarios de la Dirección de Prensa quedaron en comunicarse con este medio para concertar la entrevista, pero no devolvieron la llamada hasta el cierre de la presente edición. El director de prensa tampoco tenía activado su teléfono móvil.
El viernes, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció la creación de cuatro comandos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Aduana para la lucha contra la salida ilegal de alimentos y combustibles.