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Esta manera de exponer a Bolivia al juicio ajeno con seguridad que debe provocar una sensación paternalista en alguna nación, pero en otras, también, amargura por la falta de capacidad política de este gobierno para salir adelante sin necesidad de protestar por los inconvenientes.

En Sucre, donde las recientes actitudes de violencia han demostrado que el Ejecutivo nacional ha perdido toda autoridad, sondeos de opinión realizados por medios de comunicación, entre ellos La Razón, dieron cuenta de que la gente reclama al presidente Morales que pida perdón por los hechos de noviembre del año pasado. Y lo hacen recordándole que esa es su obligación, como "padre" de todos los bolivianos.

Pues, bajo esa lógica, no sería raro que el padre, uno de estos días, pierda la tutela de sus hijos. Siguiendo el ejemplo de las actitudes discriminatorias que se han presentado en Chuquisaca, Morales, en vez de acudir sólo a los conductos regulares previstos en las leyes bolivianas, prefiere apelar al contexto internacional para que otros países le ayuden a resolver los problemas que atañen a su gobierno.

En los últimos tiempos, las quejas del Presidente han ido en aumento, pero no se han quedado ahí. El Ejecutivo, a través de la Cancillería de la República, ha venido invitando a los organismos internacionales o a los "países amigos" —como si los restantes no lo fueran— a que envíen expertos o delegados para interiorizarse de los acontecimientos que se registran en Bolivia. Lo curioso es que estas acciones suelen tomarse, casi siempre, cuando los conflictos afectan al Gobierno central.

Lo peor es que, sobre esa base, al parecer se esperan pronunciamientos o, incluso, veredictos en contra de políticos o cívicos que discrepan con la administración de Morales.

El caso de las humillaciones a campesinos en el departamento de Chuquisaca amerita impulsar las acciones judiciales correspondientes en el ámbito nacional.

¿El Gobierno descree de la justicia ordinaria boliviana? Guste o no, todo delito debe ser sancionado por los órganos de justicia establecidos en el territorio nacional. La justicia ordinaria está en la obligación de sancionar a los autores materiales y a los instigadores de los actos denigrantes que se han registrado el sábado 24 de mayo en la capital del país.

El Estado boliviano, de seguir estos pasos, demostrará que cuenta con los mecanismos institucionales para resolver sus problemas internos, dejando a la comunidad internacional trabajar en los casos para los que realmente sea necesaria, por ejemplo, en los conflictos entre países o en casos extremos.

La participación de organismos internacionales o de otros países siempre debe ser bienvenida, pero de ninguna manera puede suplir las responsabilidades propias de un gobierno.

En los últimos meses, ante el fracaso de oficialistas y opositores, se ha tratado de encontrar una salida dialogada a la crisis política acudiendo a la colaboración del exterior. Evidentemente, en Bolivia los trapos sucios no se lavan en casa...