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El gobierno de Evo Morales ha anunciado una política firme dirigida a frenar el contrabando de combustibles y alimentos, para lo que pondrá en campaña a la Aduana Nacional y a las Fuerzas Armadas.

El propio Presidente de la República lo informó aludiendo a la necesidad de controlar la inflación, que sigue afligiendo a los bolivianos pese a los ajustes que el INE ha hecho en los sistemas de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El contrabando de combustibles se debe a la existencia de precios congelados en el mercado interno, que producen grandes diferencias con los precios liberados vigentes en los países vecinos. La tarea será muy difícil de cumplir mientras aumente la diferencia de precios entre Bolivia y los vecinos; pero, el Gobierno ha decidido no corregir los precios internos y concentrar sus esfuerzos en el control del contrabando.

Pueblos enteros en el altiplano paceño, fronterizo con Perú, viven de llevar GLP a ese país. Y algo parecido ocurre con el contrabando de diesel oil y de gasolina.

En los últimos días, mientras el Ejecutivo boliviano ajustaba estos aparatos de control de las corrientes comerciales ilegales con los países vecinos, la ministra de Planificación, Graciela Toro, hizo un anuncio sorprendente. Dijo que, en vista de haberse comprobado la existencia de exportaciones ilegales de carne de pollo en volúmenes que afectan el normal abastecimiento del mercado interno, el Gobierno ha decidido prohibir la exportación legal de esa carne.

Esto implica una contradicción —si no un absurdo— pues tal determinación podría interpretarse como una medida para favorecer el contrabando. ¿El empresario que desee exportar carne de pollo tiene que hacerlo sólo de contrabando, porque está prohibida la exportación legal? Esto es inconcebible.

Como se la vea, la medida es un contrasentido: podría entenderse como un esfuerzo por forzar a los empresarios a ingresar al sector informal. O, también, como la admisión de que el Estado no puede controlar las fronteras ni impedir el contrabando, por lo que se limita a hacer lo que puede: prohibir lo legal.

En realidad, en vez de buscar fórmulas estrambóticas, el Ejecutivo debería concentrarse en evitar el contrabando, con lo cual sencillamente se abocaría a hacer cumplir la ley.

En la práctica, se sabe que el Estado es incapaz de controlar las amplias fronteras del país. Mientras ese detalle no sea resuelto, quizá sea conveniente elaborar estrategias pensadas con otros criterios. En el caso de los combustibles, Bolivia se beneficia con el incremento casi descontrolado del precio internacional del crudo, pero también debe aprender a sobrellevar las repercusiones negativas de ese fenómeno.

Esos efectos producen un desnivel creciente de los precios que se dan tanto dentro como fuera del país. En tanto los precios sigan controlados en Bolivia pero en las naciones vecinas se ajusten al precio internacional, más intenso será el contrabando de salida de esos productos. Es un fenómeno económico y será difícil vencerlo con medidas coercitivas.

La administración de Morales ha resuelto intentar un freno de esta corriente económica con medidas dirigidas a afectar sólo los efectos, mientras deja intactas las causas.