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Luego de varios intentos fallidos, éste parece ser un buen momento para el diálogo entre el oficialismo y la oposición, con miras a encontrar soluciones a la crisis política del país. Por las señales que se han dado el miércoles pasado, esta vez las condiciones son más propicias y permiten advertir probabilidades ciertas de lograr la efectividad deseada.

Dos aspectos determinan la esperanza de que el diálogo, por fin, convoque a todas las partes y llegue a buen término. Primero, el MAS ha mostrado su disposición a revisar el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) que la oposición política y regional rechaza por ilegal.

Segundo, la participación de la Iglesia Católica y de representantes de los países amigos (Argentina, Brasil y Colombia), en calidad de observadores, es un detalle importante que le aporta seriedad a este proceso de acercamientos y, principalmente, compromete a las partes a actuar con responsabilidad.

Más que anécdota, la aparición de monseñor Jesús Juárez acompañado de los embajadores de los citados países para presentar las conclusiones de la anterior reunión, es una señal muy importante, donde ponen el nombre y la cara representantes diplomáticos que seguramente no están dispuestos —ni ellos ni los gobiernos de sus países— a ser utilizados para un nuevo bluff o una burda maniobra oficialista.

Con tales antecedentes, las circunstancias parecen apropiadas para que al diálogo se incorporen Podemos, como segunda fuerza en el Congreso y principal de la oposición política —en la que el senador Tito Hoz de Vila tuvo una arriesgada pero acertada visión de apertura personal al diálogo en estas nuevas condiciones—, y los prefectos de Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija. Con todas las partes comprometidas en la solución del conflicto, avanzando en puntos claros y concretos, nadie tendría pretextos para deslegitimar los acuerdos. Pero, la delicadeza de este asunto es tal que un paso en falso quedaría en evidencia no solamente ante el adversario político, sino también ante los ojos de la Iglesia y de la comunidad internacional.

El Gobierno, como promotor de la facilitación a través de observadores nacionales y extranjeros, deberá tener el cuidado de no fallar en su apertura al diálogo, que es, precisamente, la condición que ha abierto opciones reales de una aproximación entre los involucrados en el problema.

Por lo pronto, hace una semana, monseñor Juárez adelantó que hubo un primer consenso importante: que el Congreso será escenario de “acuerdos, correcciones y compatibilizaciones para lograr el proyecto de una nueva CPE consensuada”.

Hay que precisar que se habla de una nueva Constitución y no de ajustes o compatibilizaciones con los estatutos autonómicos, y es evidente que es por ahí, por la redacción de una nueva CPE, por donde es posible corregir tanto error y enterrar, de una vez, las ilegalidades del fracasado intento de la Asamblea Constituyente. Y si es así, también el reconocimiento al menos de legitimidad —aunque no de legalidad— de los referendos de Santa Cruz, Beni y Pando, así como el que viene en Tarija, tendría que ser parte de esas primeras condiciones para que oposición política hoy, y prefecturas mañana, se incorporen al gran diálogo nacional que todo el país está esperando.