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Ante esta protesta, que tiene por objetivo el de presionar al Ministerio de Hacienda para que acceda a cambiar su régimen tributario y así quedar exentos de pagar el impuesto a las utilidades, el Gobierno se ha mostrado firme y ha descartado toda posibilidad de dar el brazo a torcer en este punto.

Del bloqueo se ha dicho bastante desde que los cocaleros hicieran suya esta peculiar manifestación de protesta, claramente egoísta, porque el bloqueador se olvida del resto y perjudica, la mayoría de las veces sin piedad, a sus connacionales. Pues bien, los transportistas, sumándose a esta desconsideración, iniciaron un bloqueo de carreteras y no con justa razón.

Cientos de pasajeros pasaron las últimas noches en frías terminales de buses de varias ciudades debido a la determinación de este sector de ampliar, en forma indefinida, su medida de presión contra el gobierno de Evo Morales. Por el corte de rutas de los transportistas de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Tarija, las flotas no pueden realizar viajes interdepartamentales.

Desde el año 2006, cuando el Gobierno, por decreto, transfirió a este sector del Sistema Tributario Integral al Régimen General Impositivo, los transportistas están obligados a pagar el Impuesto sobre Utilidades de las Empresas (IUE). Ahora, reclaman volver al antiguo sistema, en el que no pagaban mensualmente como en la actualidad.

Además, suman a esa demanda otras tres: el mejoramiento de los caminos; la destitución de la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián; y la reforma a la Ley de Aduanas, para beneficiarse de la importación de insumos.

Los choferes exigen el cumplimiento de un acuerdo firmado con el Gobierno el 31 de marzo, en el que ambas partes convienen un pago del IUE simplificado de 2.500 bolivianos anuales para la categoría superior. Y, para el IUE del 2007, se establecían facilidades de pago, sobre la base del Código Tributario. Este convenio le ha valido críticas al Ejecutivo por vulnerar el principio de universalidad del pago de tributos con la disminución del Impuesto a las Transacciones Municipales (ITM).

Pero, en el actual conflicto, el ministro de Hacienda, Luis Arce, ha sido enfático al señalar que “no puede ser que un sector goce de privilegios y no pague impuestos”. También el presidente Evo Morales ha recordado, con toda razón, que el pago de impuestos es una obligación constitucional, y ha dicho que esos recursos sirven para educación, salud e infraestructura.

Mientras los transportistas se muestran radicales, amenazando con sumar a la protesta a otros departamentos e inclusive al transporte urbano, el Gobierno mantiene invariable su posición. Esta actitud debiera continuar así, para no ceder a los acostumbrados chantajes de un sector que siempre ha sido uno de los más privilegiados en la cuestión impositiva.

Si falta honrar o no un compromiso asumido, es algo que deberá resolver la administración de Morales. Los impuestos son para todos y, en esto, no puede haber negociación.