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Humberto Vacaflor

Quizá haya sido por un impulso político, para contrarrestar el golpe que recibió con los referendos de Pando y Beni; lo cierto es que la nacionalización de Transredes decidida por el presidente Evo Morales es una reivindicación nacional más importante de lo que quizá él mismo entiende.

La entrega de los ductos del país a la Enron fue uno de los peores golpes que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dio a los intereses de Bolivia. Menos mal que lo dije en su momento, que recibí insultos del ex presidente por esa razón, mientras muchos callaban, incluidos los actuales gobernantes.

El argumento de quienes apoyan la capitalización que hizo el gobierno de Sánchez de Lozada es que el país necesitaba socios capitalistas para poner en marcha proyectos que requerían de muchos recursos económicos.

Eso era cierto en algunos casos pero en otros no lo era en absoluto, como es el caso de los ductos. Puede ser que Entel haya necesitado el dinero de Telecom para ingresar a la más agitada era de transformaciones en la tecnología de las comunicaciones, pero ciertamente YPFB no necesitaba de nadie para mantener el control de los ductos del país. Eso sí, necesitaba dinero, o socios, para desarrollar el campo San Alberto que la empresa estatal había descubierto en octubre de 1990 con sus pobres trépanos.

YPFB necesitaba con urgencia el dinero para poner su parte en la sociedad con Petrobras para la construcción del gasoducto binacional Río Grande-Puerto Suárez-Sao Paulo. Eran un poco más de 340 millones de dólares que hacían falta para que Bolivia construya el tubo dentro de su propio territorio.

El Banco Mundial negó el préstamo con el argumento de que no concedía créditos a empresas estatales. Ni siquiera cedió ante el hecho de que existía el gas, existía el contrato y existía el mercado, es decir, las mejores condiciones.

Fue entonces que Petrobras ofreció a YPFB hacerse cargo del costo de toda la obra y poner el monto necesario para la construcción del ducto dentro del territorio boliviano en la forma de un adelanto a la empresa estatal boliviana que debía ser pagado con la tarifa del uso del ducto. El arreglo estaba hecho. Las dos empresas estatales, una boliviana y otra brasileña, se habían puesto de acuerdo para resolver el problema. Entonces fue que Sánchez de Lozada dijo que para negociar con Petrobras, Bolivia necesitaba asociarse con un gigante. Un gigante frente a otro gigante.

Y para ello eligió a la Enron, la empresa estrella de ese momento en Estados Unidos. Una estrella que se convirtió en fugaz a los pocos años, cuando entró en bancarrota, la más grande y ruidosa de la historia del capitalismo mundial.

Bolivia, que no tiene suerte para estas cosas, estaba envuelta en esta bancarrota por el contrato que había firmado Sánchez de Lozada. Las investigaciones que siguieron permitieron descubrir una larguísima lista de fechorías cometidas por los ejecutivos de la Enron, algunos de los cuales terminaron en la cárcel. Habían estafado a jubilados europeos, habían firmado negocios sucios en la India.

De Bolivia no se dijo nada. Sólo que los restos de la Enron, es decir, lo que se llamaría la Enron residual, hacía saber que sus intereses en Bolivia iban a mantenerse intactos.

No se podría decir que Sánchez de Lozada recibió algo a cambio de este contrato. Pero hay un detalle incómodo que ahora quiero mencionar por primera vez.

Muy poco después de hacerse cargo del ducto a Brasil, la Enron anunció que había decidido construir un ducto secundario que, partiendo del principal, lleve gas a Cuiabá. Allí se iba a instalar una planta termoeléctrica, que es la misma que ahora ha debido cambiar su matriz energética para usar diesel, en vista de que el gas boliviano no le llega desde el año pasado.

Es seguramente un detalle sin importancia, una casualidad, pero ocurre que el ducto hacia Cuiabá pasaba junto a la mina Don Mario, que pertenecía a Sánchez de Lozada. La mina se vendió luego a otra empresa. Quizá su precio fue mejor debido al detalle de tener un gasoducto a las puertas.

Por todas estas razones, festejo la nacionalización de Transredes. Finalmente el país se ha librado de una asociación que le hizo mucho daño. Seguir siendo socios de la Enron residual equivalía a ser socios de Al Capone, de unos estafadores sinvergüenzas, los operadores de las estafas más millonarias de la historia del mundo.

Por eso festejo la nacionalización de Transredes. Es probable que el gobierno del presidente Morales termine malogrando este gesto, como hizo con las anteriores decisiones del campo petrolero. Pero me alegro de que el país se haya librado de tan mala compañía.

Lástima que los ductos vuelvan a manos a YPFB cuando están a punto de quedar inservibles. Las exportaciones a Argentina serán interrumpidas en cualquier momento. Y, como se sabe, las empresas dueñas de ductos ganan por lo que transportan. Nadie les paga por solamente tener los tubos vacíos.

Si no se reanima la producción de gas y el país no vuelve a exportar los volúmenes convenidos, además de atender el mercado interno, esta nacionalización podría terminar siendo solamente un gesto de propaganda. Sería como nacionalizar Pulacayo cuando la mina ha dejado de producir.

De todos modos, había que romper con la Enron, o con lo que quedaba de ella en Transredes. Bien hecho.

Humberto Vacaflor
es periodista