La FAB vendió sus municiones a particulares El ex jefe de Material Bélico dijo que el 2004, por una orden del actual comandante de las FFAA, Luis Trigo, se procedió a la venta de pólvora y vainas calibre Punto 50, convertidas en cobre fundido. Se obtuvo Bs 50 mil y se construyó un taller, dijo.
EN AUDIENCIA • El coronel Carlos Badani (der.), en calidad de testigo, el miércoles frente al Tribunal.
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) desactivó municiones Punto 50 y vendió la pólvora y las vainas fundidas a civiles. Así lo confirmó ayer el ex jefe de la sección de Material Bélico del Departamento IV de la FAB, teniente coronel Carlos Badani.
El oficial admitió que el 2004 la venta se hizo por orden verbal del entonces jefe del departamento IV, ahora comandante de las FFAA, Luis Trigo; y del jefe de la FAB ese año, Óscar Mariscal.
Convocado ayer como testigo en el caso de robo de más de un millón de municiones de la Primera Brigada Aérea de El Alto, Badani reveló el destino —el 2004— de 280 mil balas de ese calibre. Complementó que el dinero obtenido por la transacción, 50 mil bolivianos, sirvió para la construcción de un taller de recuperación de material bélico avalado por los jefes militares.
“Esa era la finalidad. El mando vio (esta modalidad) para que se puedan conseguir los recursos”, precisó Badani durante una audiencia ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar.
Según su versión, esta acción se ejecutó desde agosto del 2004 hasta diciembre de ese mismo año, mes en que se edificó el mencionado taller.
El teniente coronel explicó al Tribunal que la acción de desactivado, el 2004, estaba respaldada. “Era material que databa de muchos años y representaba un peligro´. Por tal motivo, indicó, según normas internacionales la munición tiene que ser desactivada ´después de unos 10 años de haber permanecido inactiva”.
Al respecto, y en plena audiencia, un miembro del Tribunal Permanente de Justicia Militar sugirió que la desactivación fue ilegal: “(...) debe hacerse de acuerdo a una resolución gubernamental porque son bienes tutelados del Estado y por ende de las Fuerzas Armadas´.
Badani se defendió de la acusación: “En ese momento mi nivel no era de asesoramiento, sino de ejecución. En ese caso yo sólo estaba cumpliendo una orden para cumplir un objetivo”.
El teniente coronel sostuvo que se desenvainaron al menos 280 mil cartuchos, cantidad equivalente a unas 700 cajas.
“(...) Se desactivó la munición y las vainas eran vendidas al frente de la Base, les decía que vengan (a recoger) en camioneta. (...) El cobre era para la fundición y reciclaje, y la pólvora fue vendida para un minero. Si no me equivoco, fue llevada a Potosí”, reveló. De acuerdo al ex jefe de la sección, el kilo de vainas se vendía en Bs 4 por kilo, mientras que el kilo de pólvora fue vendido a Bs 1. El total del dinero recolectado, según Badani, fue casi Bs 50 mil, monto que fue utilizado para la construcción.
Badani añadió que daba parte de esta actividad a Trigo, empero, que luego fue al subjefe de ese departamento especializado.
Por otro lado, el general Marcelo Antezana, quien fue comandante general del Ejército desde el segundo semestre del 2005, explicó a este medio que la actividad de desactivación es ilegal porque “debía contar con una autorización y con una resolución de la Inspectoría General”.
El ex jefe militar acotó que el Ejército cuenta todos los años con un plan de demoliciones, “pero para destruir, no para vender municiones. Ningún tipo de material de guerra se puede vender ni destruir a medias. Se tiene que aniquilar de manera definitiva”.
Este medio intentó comunicarse con el general Luis Trigo, pero el jefe militar hizo conocer que no se pronunciaría sobre este tema. Asimismo, fuentes de la FAB afirmaron que el general Mariscal está retirado del servicio y que radicaría actualmente en Cochabamba. Pese a los esfuerzos, no se lo pudo ubicar.
El caso de la desaparición de municiones se dio a conocer en abril de este año. Luego de una investigación interna, el comandante de la FAB, Daniel Salazar, informó que un sargento y dos suboficiales estaban implicados.
Se supo posteriormente que los acusados son el mayor Marco Antonio Calvo, el suboficial Javier Santiago Ulo y el suboficial Juan Manuel Cornejo, destinados a la Primera Brigada y ahora procesados por el hurto. El proceso de investigación continúa.
OTRAS DECLARACIONES
Ministerio de Defensa • El sargento Ruddy Paco recibió órdenes de Calvo para recoger 50 mil municiones calibre 9 mm del ministerio; relató que llegó hasta la Intendencia.
Pesquisa • Indagaciones del Tribunal dicen que el suboficial Ulo fue destinado a Inteligencia a investigar el mismo caso.