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En este empeño, se llegó al extremo de designar a un embajador en Washington, el periodista Gustavo Guzmán, cuya tarea prioritaria era la de lograr la extradición de las dos ex autoridades creando una expectativa tal que, al malograrse su misión, ha desencantado a quienes clamaban por justicia, en especial a los familiares de las víctimas del Octubre Negro.

Imprevistamente, ante un país confundido y azorado, Sánchez Berzaín manifestó hace algunos días en una entrevista radial que gozaba de asilo político en Estados Unidos desde el mes de marzo del año pasado y que su solicitud de asilo había sido aceptada en cuanto pudo demostrar que abandonó Bolivia por razones de índole política. Pero eso no es todo: Dijo que ni siquiera había sido notificado por el Ejecutivo boliviano de las acusaciones que existen en su contra.

Si esto es así, se puede colegir, con mayor razón, que Sánchez de Lozada goza del mismo beneficio.

Además, se presume que la Cancillería boliviana no operó con oportunidad y que el embajador Guzmán desconocía los procesos de extradición —seguramente por falta de asesoramiento y de contactos— y que, por eso, no se enteró ni informó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el asilo otorgado a Sánchez Berzaín. Sería impensable suponer, por su enorme gravedad, que la Cancillería ya estuviera al tanto del hecho consumado y que calló la información a la ciudadanía de su propio país.

Las reacciones han sido de tal magnitud que, a principios de la semana, una poblada estuvo a punto de tomar la misión diplomática de Estados Unidos en La Paz, indignada contra el Gobierno de ese país. Conviene aclarar que, en materia de extradición, no es el Poder Ejecutivo el que define la procedencia o no de una demanda, sino el Poder Judicial; por lo tanto, no se trata de una decisión política sino jurídica.

En el caso de Sánchez Berzaín, es obvio que se ha movido con rapidez y que, acertadamente asesorado, ha alegado ante la justicia del riesgo personal que correría con una extradición. Mientras se sabe poco de quiénes apoyan a la embajada boliviana en Washington, el ex ministro de Defensa tiene como abogado a Gregory B. Craig, jefe de la Comisión de Relaciones Internacionales de la campaña presidencial de Barack Obama, y por tanto personaje influyente. Es el mismo que asesora al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La improvisación en asuntos tan complejos como los del campo internacional, máxime si atingen al ámbito judicial, suele provocar este tipo de resultados desalentadores. Es de esperar que la Cancillería y la Embajada en EEUU puedan enmendar sus errores y componer una situación que parece definida.