• CONGRESO • Las autoridades del Gobierno, durante su informe ante la Comisión de Política Internacional.

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Ayer, el canciller David Choquehuanca; el fiscal general, Mario Uribe; el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, y el embajador en EEUU, Gustavo Guzmán, explicaron a esta instancia legislativa, presidida por Michiaki Nagatani (MNR), su nivel de responsabilidad en el proceso contra Sánchez de Lozada.

“Nosotros vemos varias cosas descuidadas, tenemos varias limitaciones”, dijo Choquehuanca, antes de señalar que un exhorto suplicatorio (2005) derivado a EEUU para notificar sobre su juicio a Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, fue rechazado porque no se ciñó al Tratado de Extradición.

La diputada Kathia Romero (Podemos), parte de la comisión interpelante, aseveró que este rechazo se debió a que el Legislativo demoró en la aprobación de un convenio de Exhorto y Cartas Rogatorias. Lo hizo el año 2006, un año después de iniciado el proceso de extradición.

Aunque el Canciller admitió que este documento fue aprobado el 2006, explicó que no incide en las gestiones de exhortos, pues éstos se enmarcan en el Tratado de Extradición (1995).

Sin embargo, dijo que para evitar más inconvenientes como ése se decidió contratar un bufete de abogados en Estados Unidos.

Romero denunció “negligencia a partir del embajador (Guzmán) o de la Cancillería de Bolivia” en el caso Sánchez de Lozada, mientras su colega Arturo Murillo cuestionó la labor de Guzmán. “Tenemos un embajador en EEUU con unas vacaciones doradas, con un costo de más de 120.000 dólares y no vemos resultados en estos casos”.

El embajador, en su defensa dijo que recurrentemente recibió la respuesta de “información reservada” cuando indagó ante autoridades estadounidenses sobre la condición jurídica de las ex autoridades y del asilo político concedido a Sánchez Berzaín.

No obstante esta situación, las organizaciones sociales acusan a EEUU de entorpecer el juicio. Incluso ayer, el Canciller volvió a acusar a este país de tener “intención de proteger” a los acusados de los hechos de octubre, donde murieron 60 personas.

Uribe negó cualquier responsabilidad en la demora en el proceso. “Le hemos puesto empeño y, tras sortear 17 recursos de la defensa, se hizo la imputación formal para viabilizar la extradición de los tres acusados”, dijo.

Nagatani anunció que para tener un panorama completo de situación se requerirá un informe de la Corte Suprema de Justicia, donde se tramita el juicio.

“Hay negligencia e incapacidad de algunas instituciones”, expresó, sin identificarlas, porque ello será resultado de un informe escrito de la Cancillería, Fiscalía y de la Suprema, que aclarará el panorama de responsabilidades.

Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de octubre, aseguró que Sánchez Berzaín mintió y se puede revertir su asilo.

“Es posible revertir el asilo en EEUU”

El bufete de abogados que el Gobierno contrató en EEUU para asesorar en temas relacionados al proceso de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, considera que es posible revertir el asilo político de Carlos Sánchez Berzaín, informó ayer el embajador Gustavo Guzmán.

El bufete fue contratado en agosto del 2007 y recibe una remuneración mensual de $us 4.000. “Es un precio solidario, porque Bolivia provoca una gran solidaridad”, justificó el representante diplomático.

“La opinión jurídica es que este asilo se puede revertir”, insistió, tras prestar un informe a la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados sobre su responsabilidad en la tramitación de los exhortos en el caso.

En opinión del abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, el asilo político podría revertirse bajo el argumento de que Sánchez Berzaín mintió al negar, el 2006, que tenía un proceso legal fuera de ese país.