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Las prefecturas no han tomado de buen agrado la medida, que llegó acompañada del argumento de que los recursos se destinarían a los mismos departamentos pero a las alcaldías, es decir, más cerca de la gente. Y esto es cierto, a juzgar por los informes oficiales revelados en los últimos días acerca de los montos que los municipios reciben ahora por este concepto.

Según esos datos, las 327 alcaldías del país debían recibir este año Bs 1.880 millones, pero que, debido al incremento del precio del gas, recibirán Bs 2.729, es decir, 45 por ciento más.

Las autoridades han explicado también que esos recursos van a las alcaldías directamente desde YPFB, sin la intervención del Ministerio de Hacienda. Se trata de algo positivo, definitivamente, aunque no convenga a los gobiernos departamentales al pasar por encima de ellos para llegar a las alcaldías.

Las regiones opositoras ven un retroceso en el afán nacional de descentralizar el poder político, desoyendo las justificaciones de que, en definitiva, los municipios se benefician con estos recursos; visto así, sería una descentralización con una proyección más larga, ya que pasa del Gobierno central directamente a las alcaldías.

La crítica constructiva, quizá, señalaría que los recursos de un departamento, mirado como un todo, podrían ser mejor manejados con criterio regional. Aunque el Ejecutivo arguye que su intención no es perjudicar a la participación popular ni a la descentralización, sino beneficiar a la gente. Para el ciudadano, lo que cuenta es que los recursos estatales sean bien manejados y que los servicios elementales estén al alcance de todos.

Para que la población pueda beneficiarse, por ejemplo, con carreteras, sería conveniente que el dinero fuera administrado por gobiernos territoriales como las prefecturas. Ése, probablemente, sea un defecto de la decisión de que las alcaldías manejen directamente los recursos del IDH. Y tal vez no sea tarde para definir niveles de coordinación departamental y subsanar el problema.

Estos montos provienen de la comercialización de los hidrocarburos, que últimamente tienen precios altos, lo cual compensa por la caída en la producción. La relación no debe ser tomada a la ligera, pues los ingresos del IDH se han convertido en un elemento central de los recursos con que cuenta el país y podrían bajar, y hasta desaparecer, si no se cuidara el detalle de la producción, que está cayendo de manera persistente ante la falta de inversiones en el sector petrolero.

Esto lleva a la necesidad de que el país se proponga dejar de depender, de una vez por todas, de la explotación y exportación de recursos naturales. Sería mucho más sano y confiable que los ingresos provinieran de actividades industriales.

Al tiempo que merecen destacarse las gestiones realizadas por el gobierno de Evo Morales ante su par de Argentina, para posibilitar un incremento del precio del gas y, por ende, de los recursos del IDH, también se debe insistir en la conveniencia de administrar con mucho cuidado los fondos de esa exportación, un bien que podría desaparecer en cualquier momento.